El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, profirió una de sus proverbiales ficciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: “La guerra en Colombia ha terminado”. A los colombianos, Santos nos tiene acostumbrados a este tipo de afirmaciones; son su esencia, es su naturaleza.
En el mundo, a muchos les debe parecer extraño que los colombianos no celebremos la supuesta llegada de la paz. El 24 de agosto se dio la noticia de que los diálogos concluyeron y que el acuerdo final (un documento de 297 páginas) estaba listo, pero no tañeron las campanas de las iglesias, ni estallaron fuegos artificiales a pesar de que en muchas regiones del país se hace un uso desmedido de la pólvora, y nadie hizo sonar el pito de los vehículos, cosa que no se le niega ni al equipo de futbol que gana el campeonato de la serie B.
Por demás, se trata de una firma inoportuna porque antecede al plebiscito del domingo 2 de octubre, cuando los colombianos iremos a las urnas a ratificar o a rechazar el acuerdo final suscrito entre Gobierno y Farc. Un mero formalismo, al parecer, pues Santos y las Farc están seguros de ganarlo, con lo que dicho acuerdo quedará incorporado a la Constitución Política con carácter de inamovible, y Santos recibirá poderes habilitantes hasta por un año —al estilo de Hugo Chávez— para dictar decretos con fuerza de ley para desarrollar lo pactado.
Y si bien las encuestas señalan que los colombianos van a votar ampliamente por el sí en el plebiscito, también lo es que solo el 7% dice conocer el convenio de 297 páginas (Invamer) y que el primer mandatario incurrió en uno más de sus habituales engaños al desconocer la orden de la Corte Constitucional en el sentido de que la pregunta del plebiscito no podía aludir a la consecución de la paz sino a la concreción de los acuerdos. La disculpa de Santos fue la de que “el Presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana”.
La pregunta “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”, incita a un sí a la “paz” sin sopesar los riesgos que corren pierna arriba por cuenta de unos acuerdos en los que la institucionalidad lo entrega todo a cambio de muy poco: no son las Farc las que se están sometiendo a la legalidad; son el Estado y la sociedad los que se están sometiendo al dictado de los criminales marxistas.
En el fondo, el motivo por el que nadie celebra es porque nunca ha habido tal guerra civil. Ocho mil terroristas no constituyen un bando en un país de 50 millones de habitantes. Incluso, la izquierda recalcitrante no es ni el 1% de la población. Sin embargo, buena parte del mundo se ha creído esa mentira y muchos gobiernos, incluido el de Obama, se refieren al fin de nuestra “guerra civil”, algo que debería molestarnos.
Santos ofreció ayuda para resolver el conflicto vasco, pero el canciller español se apresuró a rechazarla: “no tenemos ninguna situación que sea similar. En Colombia lo que nos hemos encontrado es una guerra civil. Intentar buscar paralelismos entre el conflicto de ETA y el conflicto colombiano es perder la perspectiva”. En realidad, lo que dijo Margallo es que quien crea que un país serio como España se arrodilla ante una horda de criminales, perdió la visión como en Colombia.
