Contrario a lo que sucede en Colombia, en donde el presidente Santos afirma que los funcionarios públicos pueden promover el ‘sí’ en el plebiscito por la paz, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó a sus ministros remover de sus cargos a directivos y funcionarios que apoyan el referendo revocatorio de su mandato, impulsado por la oposición.
Maduro pidió citar a los ministros de Alimentación, Empresas Básicas, Finanzas, Despacho de la Presidencia y Trabajo para establecer que no puede haber en cargos directivos personas que estén en contra de la revolución y del presidente, a todas luces una situación que reprime la libertad de las personas, de actuar en un marco democrático.
Es así que Maduro dio un plazo de 48 horas para que estas personas que tienen cargos llamados de confianza, directivos, pues tengan otro destino laboral, y es así que se entregaron los nombres de los directivos y funcionarios en cargos de confianza que participaron en la recolección de las firmas que realizó la oposición en abril para activar la primera fase del proceso del referendo, pero con lo que no contó maduro fue con que algunos empleados ya habían denunciado su despido por sumarse a la petición.
Sin embargo, el desasosiego y las faltas de garantías para acceder libremente a un cargo, es bastante. La Asamblea Nacional revisa más de mil denuncias de empleados del ente recaudador de impuesto, la corporación estatal de servicio eléctrico, los bancos estatales del Tesoro y la Fuerza Armada, y la policía nacional, quienes fueron despedidos de sus cargos por firmar a favor del referendo dejando bien en claro que se está violando el derecho constitucional de expresarse políticamente.
La oposición impulsa que se realice el referendo contra Maduro en 2016, porque de ganarse eso implicaría también llamar a elecciones. Pero si se retrasa al 2017 y el mandatario pierde, solo dejaría el cargo y los últimos dos años del actual período presidencial deberán ser completados por el vicepresidente en turno.
¿Cómo van a atreverse a tratar de traficar con el hambre y la necesidad del venezolano, a amenazarlo con botarlo de su trabajo para que pierda el sustento de su familia? Eso es chantaje y extorsión.
En 2003 el oficialismo creó un sitio electrónico donde se incluyó un listado de empleados públicos que apoyaron el referendo contra el fallecido presidente Hugo Chávez y que fueron despedidos. La llamada “Lista de Tascón”, que fue eliminada en el 2004 tras la victoria de Chávez en el referendo, fue rechazada en el país y denunciada en algunas instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que abrió un proceso a raíz de la denuncia que hicieron algunos empleados públicos despedidos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, difundió la víspera en su cuenta de Twitter una carta abierta al dirigente encarcelado Leopoldo López en la cual manifestó que la reciente sentencia que ratificó la condena a casi 14 años de cárcel del político, representa el lamentable final de la democracia en Venezuela. En Venezuela hoy no rige ninguna libertad fundamental y ningún derecho civil o político.
El Consejo Nacional Electoral aprobó este mes la validación de más de 1 por ciento de las firmas que avalan el referendo, pero fijó unos plazos para la recolección de las firmas de 20 por ciento de los electores, necesario para activar el mecanismo, que pone en riesgo la posibilidad de que pueda realizarse este año y por esto la oposición ha convocado a una movilización el 1 de septiembre desde diferentes partes del país hasta Caracas para presionar la definición del cronograma para el referendo. En respuesta a la marcha opositora, dijo que el oficialismo también realizará tomas de plazas y autopistas de todas las ciudades del país.
Maduro enfrenta este proceso en medio de una compleja crisis económica dominada por una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez que han golpeado la popularidad del gobierno y generado un creciente descontento que se manifiesta en protestas callejeras y saqueos de comercios. Ahora hay que añadirle la amenaza a ser destituidos, por el simple hecho de querer a Venezuela democrática.
