Un nuevo giro tomaron las relaciones con Venezuela, después del anuncio del presidente Nicolás Maduro de que su gobierno espera avanzar junto con las autoridades de Colombia en la definición de nuevos planes de seguridad para combatir el contrabando y otros delitos que se registran en la región fronteriza.
En el informe del encuentro que sostuvieron los ministros de Defensa de ambos países, acordaron reanimar la cooperación en materia de seguridad en la frontera, para seguir golpeando fuertemente al crimen organizado, tal y como se ha hecho desde que, hace poco más de un año, ambos países estrecharon sus relaciones en la materia. Lástima que no se puede tocar el problema de éxodo de los colombianos del territorio venezolano, era el momento propicio para eso, pero Venezuela sigue imponiendo su voluntad.
En Colombia se han dado resultados importantes contra las mafias, el crimen organizado, los clanes; se ha neutralizado la mayoría de los cabecillas, las incautaciones de droga y la destrucción de laboratorios son cuantiosas y a partir del próximo 4 de julio se empezarán a hacer las coordinaciones interinstitucionales, para que los esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado sean mucho más eficaces y exitosos.
La idea es revivir las reuniones pendientes de las Fuerzas, marinas, de la Policía, de las fuerzas aéreas, que tienen que ver con intercambio de información de rutas de narcotráfico, de lavado de activos y demás expresiones criminales.
Para Colombia es prioridad tener una frontera segura y próspera; a su vez Maduro espera avanzar en planes de seguridad binacional para combatir el contrabando y otros delitos que ocurren en la frontera de unos 2.200 kilómetros que comparten los dos países.
En agosto del año pasado Maduro ordenó el cierre de los pasos fronterizos haciaColombia a raíz de un ataque que sufrieron tres militares y un civil en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira cuando realizaban operaciones de combate al contrabando. Asimismo, las autoridades venezolanas acordaron la deportación masiva de más de 1.000 colombianos sin residencia legal.
El cierre se inició en el estado suroccidental del Táchira y luego se extendió a los estados Zulia, Apure y Amazonas.
