La crisis política, económica y social de Venezuela, con graves peligros para la estabilidad democrática, ha llevado al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, a invocar la Carta Democrática Interamericana. La conducta del gobierno del presidente Nicolás Maduro es reprochable. Venezuela está al borde de un estallido sin precedente por la actitud de Maduro y sus seguidores, de negarse a respetar el funcionamiento de la Asamblea Nacional, en manos de la oposición, y de no liberar a los presos políticos.
Almagro envió al presidente del Consejo Permanente de Estados Miembros de la OEA un informe sobre la caótica situación de Venezuela. Según Almagro, el país suramericano sufre una crisis multidimensional. “La situación de un país con las reservas más grandes de petróleo del planeta es crítica desde el punto de vista económico, social y humanitario”, subraya el informe al Consejo Permanente. “Se estima que la inflación es del 700%, el déficit fiscal del 17% del PIB y la deuda externa es de 130 mil millones dólares o seis años de exportación de petróleo”.
El mismo documento destaca que “la escasez de medicamentos y equipos médicos es del 80%; la disponibilidad de camas en hospitales públicos ha disminuido entre 30 y 40%; el 70% de los hospitales que eran administrados por doctores cubanos están cerrados; el 85,3% de la población es afectada por la malnutrición, y la pobreza media creció hasta un 76% en 2015, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi)”.
A todo esto se agrega la escasez de productos básicos, la cual estaría por encima del 80% en mayo de 2016, según la encuestadora Datanálisis, mientras que el Fondo Monetario Internacional teme que los precios suban un 700% este año. Estos hechos tienen asfixiada a Venezuela. En medio del desespero y la angustia, la población está acudiendo al mercado negro, donde los precios son 100 veces más altos que los establecidos por el Gobierno.
La represión política es una actividad cotidiana en Venezuela. En febrero de 2014, fuerzas represivas y turbas civiles armadas por el Gobierno fueron responsables de la mayoría de los 43 muertos que dejaron multitudinarias protestas estudiantiles. El responsable máximo: Nicolás Maduro.
El chavismo, en el gobierno desde 1999, controla todos los poderes del Estado menos la Asamblea, que pasó a manos de la oposición en diciembre de 2015. Los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, opositores, se proponen hacer un referendo revocatorio para sacar del poder a Maduro, pero el gobernante está poniendo todas las piedras posibles en el camino. Una mayoría de venezolanos considera desde hace mucho que su país está gobernado por una dictadura.
Venezuela y Almagro necesitan del apoyo de toda América Latina, Estados Unidos, Canadá y países del Caribe miembros de la OEA, para encontrar una solución al drama que está viviendo el pueblo venezolano, en medio de los efectos de una cruel distopía neocomunista conocida como “socialismo del siglo XXI”, “revolución bolivariana” o simplemente “chavismo”.
Es también una gran oportunidad para que la clase política de la región, históricamente frágil, sea tomada en serio por el mundo desarrollado.
