Los últimos hechos sucedidos en el municipio de Zona Bananera dan mucho que pensa: asesinatos, panfletos amenazantes e intimidación por parte de grupos al margen de la ley, dan como prueba que la situación de seguridad en esta municipalidad y en las otras colindantes, no es para atenderla solamente con unos consejos de seguridad, sino con una presencia más agresiva del Estado y de las Fuerza Armadas, que controlen desde ya los brotes de violencia que se han generado y que dan pie al incremento de grupos subversivos al margen de la ley, en la región.
Los magdalenenses, empresarios y hasta los mismos campesinos durante años vivieron en carne propia el látigo de la violencia, del secuestro y de la extorsión por parte de grupos subversivos que tenían azotada la región. En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se combatieron fuertemente estos delitos que por años fueron protagonistas en nuestras fértiles tierra del Magdalena; se arrinconaron a los bandoleros y la región volvió a gozar de una calma y tranquilidad que dio pie a que propietarios y dueños de fincas de palmas de aceite y banano volvieran a visitar sus predios, después de años y físico miedo de ir por temor a un secuestro.
La situación cambió con el presente gobierno; la estrategia de seguridad del Estado también cambió y con ello la situación de seguridad y orden público, no solo en Zona Bananera, sino también en otros municipios que tienen en sus productivas tierras el sustento de los hogares de miles de magdalenenses.
Los secuestros en forma aislada se volvieron a presentar; se conformaron grupos delictivos que se apoderaron del espacio que había sido liberado por la Fuerza Pública; el boleteo volvió a hacer de las suyas y la tranquilidad reinante se esfumó con el viento y en su reemplazo comenzaron a surgir los temores y miedos del pasado.
La aparición de un nuevo grupo gaitanista; los cinco homicidios sucedidos en Zona Bananera en lo corrido del año; el asesinato de Nini Johana Trujillo González, funcionaria de la Alcaldía de Zona Bananera, ocurrido a pocos metros del Matadero Público del corregimiento de Guacamayal; el desalojo por parte de encapuchados a alumnos y docentes de los colegios que son territoritos libres de violencia y represión, no son hechos para considerar aislados ni mucho menos para no tener en cuenta. Estas acciones violentas han llevado a los amenazados y víctimas a cumplir la ley del silencio; ciegos y sordos ante lo que vean y oigan afectando el normal transcurrir de los municipios, ya que tanto el comercio como las instituciones educativas cierran debido al temor de los habitantes que ven amenazadas sus vidas.
Los residentes de estos municipios esperan una institucionalidad más contundente y constante; bien equipada; más rápida y efectiva en el accionar para prevenir acciones que atenten contra la seguridad de los lugareños y de las fincas en producción que alejen los recelos de los campesinos y sus familias y de los empresarios del Magdalena, que temen llegar a sus fincas y propiedades sin ninguna clase de protección.
Para enfrentar estos actos delictivos que menoscaban la seguridad de estos municipios de nuestro departamento se deben implementar nuevas estrategias que busquen la estabilidad de la región y la seguridad de sus residentes, ya que las medidas actuales arrojan poca efectividad en su diseño y puesta en marcha y lo afirmamos con base en los hechos sucedidos que son fiel reflejo de la real situación que se vive y merma el desarrollo social y económico del Magdalena.
