¿Y los peces gordos?

Editorial
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Bien por la Fiscalía que empezó a meter a la cárcel a los primeros responsables del escándalo del programa de alimentos para estudiantes de Aguachica. Quedó en evidencia la gran responsabilidad de los funcionarios locales, pero aún falta que el Gobernador del Cesar ponga la cara y explique su posición. Este es solo el principio de una larga tarea que esta entidad debía haber hecho hace ya un buen tiempo, y que terminará abarcando a todo el país incluyendo a Bogotá.

 

Esta historia es mucho más compleja de lo que se piensa. El manejo de estos recursos ha estado en manos de muchos políticos regionales que son quienes finalmente eligen a los tristemente llamados operadores— sin duda, hay excepciones—. Más aún, las regionales de entidades como Bienestar Familiar son parte de los paquetes que históricamente se le entregan a los que mandan en cada departamento y en sus respectivos municipios. Conociendo las habilidades de estos gamonales que se comportan como dueños del Estado a nivel local, deben estar moviendo todas las cuerdas posibles frente a un Gobierno que no está en su luna de miel, para que sus pecaminosas intervenciones no salgan a la luz pública. No salpiquen lo que ellos mismos consideran “sus brillantes carreras.”

El reto ahora son estos peces gordos a nivel regional y nacional, que le hacen daños irreparables a nuestros niños, y que le medirán el aceite al Gobierno Nacional y al nuevo Fiscal General de la Nación, que será un hombre porque las mujeres tienen pocas posibilidades. Por eso preocupa que este nuevo Fiscal esté lleno de inhabilidades que se sumarían a las que le nazcan por sus relaciones con los congresistas que lo apoyen en su elección. Sin duda, a eso le apuestan todos los políticos que han hecho de los programas de alimentación escolar, su mecanismo de financiación para sus campañas políticas. Ahora bien, la situación no es nada fácil para el Gobierno Nacional. Necesita apoyo político en momentos en que la credibilidad del país está en su nivel más bajo. Filigrana es lo que debe manejar el presidente Santos para enfrentar este escándalo que debe tocar a los capos de la política que han estado detrás de este descarado atraco, que finalmente afecta no solo el presente sino el futuro de nuestros niños.


Pero es absolutamente fundamental que la Fiscalía no se quede en la parte menos poderosa de esta cadena delincuencial y llegue a los peces gordos de estas contrataciones. Difícil entender cómo gobernadores y alcaldes que propiciaron este escándalo no terminen ni siquiera investigados. Peor aún, que senadores y representantes, clara y visiblemente vinculados a esta estrategia perversa, usen de nuevo su poder para que solo paguen los de siempre y ellos salgan sin mancha alguna. Ojo Señor Fiscal.