"En la situación actual y teniendo en cuenta sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal; con la convicción de hacer lo correcto, me dirijo a usted y al honorable Congreso de la República para presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República de Guatemala".
Este es el segundo párrafo de la carta del entonces mandatario del país centroamericano, Otto Pérez Molina, que ayer mismo se presentó a declarar ante el tribunal que lleva su caso.
Aceptada la dimisión, el parlamento entregó la presidencia de la República al vicepresidente Alejandro Maldonado para concluir el mandato presidencial de cuatro años de la actual administración iniciado el 14 de enero de 2012.
El exmagistrado de de la Corte de constitucionalidad y diplomático fue nombrado vicepresidente apenas hace cuatro meses cuando el escándalo de corrupción, conocido como La Línea, trama para la defraudación en las aduanas, llegó hasta la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
Las investigaciones comenzaron a revelar la verdadera dimensión de la trama al apuntar directamente en el secretario privado de la Vicepresidencia, prófugo desde su señalamiento.
En el último cuarto de siglo, 15 de los 39 presidentes centroamericanos han estado bajo sospecha de corrupción; cuatro de los quince pasaron por la cárcel y uno se halla en arresto domiciliario.
El número de encausados y señalados proporciona no solo la invasión de la corrupción y la indecencia en el manejo de los recursos del Estado, sino que el cáncer llega a los más altos niveles, por lo que es necesario el fortalecer las instituciones y aplicar la justicia, blindar los organismos en los que se desenvuelven los operadores de justicia para que la lucha contra la corrupción se inicie con la derrota de la impunidad, pues, de lo contrario, habrá discurso vacío y será como echar sal en el mar.
Y en ese proceso de adecentamiento, del que no se excluyen ideologías y banderas, es necesaria la participación de todos los hondureños, pues no hay corruptos sin corruptores y, lo más grave, la pasividad de la ciudadanía, víctima directa de la deshonestidad de gobernantes y funcionarios.
