Hora: 07:40 p.m.
Para la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es evidente que la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado y el secretario de Presidencia, Bernardo Moreno Villegas dieron instrucciones precisas en el año 2007 para adelantar seguimientos e interceptaciones ilegales en contra magistrados de las altas cortes, periodistas y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe.
La razón de esta directriz fue variada: a los magistrados por las investigaciones que se adelantaban en contra de varios congresistas por la denominada ‘parapolítica’, entre ellas la del senador Mario Uribe Escobar –primo del entonces presidente de la República-. Para esto se infiltró el sistema de seguridad de los togados para conseguir expedientes e información relevante.
A los senadores Piedad Córdoba Ruiz y Gustavo Petro Urrego por su posición opositora al Gobierno de Uribe Vélez, mientras que al periodista Daniel Coronell por las molestias que generaban sus columnas y artículos en la Revista Semana al presidente de la República. Para esto se ordenó la búsqueda de información reservada de ellos y sus familiares.
“No podían obtener información contra un grupo de ‘objetivos de inteligencia’ por motivos distintos a la preservación de la seguridad y conservación del Estado de derecho y sus intuiciones democráticas”, precisó el magistrado Fernando Castro Caballero en la lectura del sentido del fallo en contra de los dos exfuncionarios.
En el caso de Moreno Villegas se determinó que fue el destinatario de todos los informes de inteligencia adelantados por los agentes del DAS en contra de dichos “objetivos de inteligencia”. Para esto creó una especie de cadena de custodia para garantizar que dicha información de carácter reservado iba a llegar a su despacho únicamente.
Noticia en desarrollo...
