Al despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández llegó hace pocos días una petición de la Procuraduría para que ese alto tribunal declare como delito de lesa humanidad el crimen de Álvaro Gómez Hurtado.
Según conoció El Espectador, para el Ministerio Público existen suficientes evidencias para asegurar que ese magnicidio, perpetrado el 2 de noviembre de 1995, se produjo dentro de un contexto de asesinatos sistemáticos y generalizados.
Para los familiares del dirigente conservador, la justicia no ha avanzado realmente para procesar a los autores intelectuales del magnicidio, que completa ya 19 años y tres meses en la impunidad.
Por eso, la Procuraduría le pidió en varias oportunidades a la Fiscalía que declarara este crimen como de lesa humanidad. Incluso acudió a tutelas para que el organismo investigador se pronunciara sobre esta petición. No obstante, la misma fue rechazada por la Fiscalía.
El caso tuvo un súbito giro en noviembre pasado cuando la Corte Suprema de Justicia asumió la investigación contra el hoy senador Horacio Serpa Uribe por sus presuntos vínculos con este crimen. Serpa siempre se ha declarado inocente del mismo.
En este contexto, la Procuraduría reiteró, esta vez al alto tribunal, su petición para que el magnicidio de Gómez Hurtado sea declarado de lesa humanidad.