Incluyen medidas como toques de queda, prohibiciones de violación, robo y asesinato, y regulaciones a la pesca, el pago de deudas y los horarios de cierre de bares.
Bogotá (EFE).- Grupos armados ilegales imponen su ley en una amplia franja de la frontera entre Colombia y Venezuela, a ambos lados, donde amenazan a los habitantes con castigos que van desde multas o trabajos forzados hasta la muerte, alertó un informe de Human Rights Watch, HRW.
Esta situación se presenta en el departamento de Arauca y el vecino estado venezolano de Apure, región fronteriza a merced de grupos guerrilleros y otras organizaciones armadas que cometen todo tipo de abusos con total impunidad.
"Los residentes en Arauca y Apure viven con miedo, ya que los grupos armados reclutan a sus hijos e imponen sus propias reglas, amenazan a los residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con asesinatos o meses de trabajo forzado en los campos", dijo el director ejecutivo para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, quien presentará el estudio en Bogotá.
Según el organismo, en algunas áreas "prohíben usar cascos de motocicleta para que los miembros del grupo armado puedan ver las caras de los viajeros y extorsionan rutinariamente dinero a prácticamente cualquier persona que realice actividades económicas".En el informe "Los guerrilleros son la policía, Control social y graves abusos por parte de grupos armados en el departamento colombiano de Arauca y el estado venezolano de Apure" se documentan abusos en ambos lados de la frontera por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, una disidencia de las desmovilizadas Farc y las venezolanas Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional, FPLN.
Human Rights Watch subraya que en esa parte de la frontera "los grupos armados no estatales usan la violencia para controlar la vida cotidiana de las personas".
Para constatar la situación, HRW visitó Arauca, en el este de Colombia, en agosto de 2019 y entrevistó a 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, trabajadores humanitarios, defensores de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.
Con esos testimonios, la organización concluyó que los grupos armados ilegales imponen en ambos lados de la frontera una amplia gama de reglas y "las hacen cumplir brutalmente".
