Según el juez, una de las rozones que soportan la decisión es que los hechos por los cuales se les acusa a los nueve señalados, no fueron precisados de forma adecuada por la Fiscalía.
El acuerdo al cual habían llegado 9 funcionarios del Invima señalados de otorgar autorización para la comercialización de productos estéticos en el país, con la Fiscalía General de la Nación, fue invalidada por un juez especializado de Bogotá en las últimas horas.
Dicha decisión, tomada por el juez quinto especializado de Bogotá, deja sin validez los acuerdos antes establecidos por Diego Fernando Isaza Ortiz, Alicia Fernanda Celis Ferreira, María Cristina Ortiz Calderón, Jorge Iván Sánchez Salazar, Agustín José Sanchez Mora, Miguel Ángel Gómez Rodríguez, Jhon Hernando Plata Hernandez, y Anayibe Gómez Rivero, con el ente acusador.
Cabe recordar que, en septiembre del año pasado funcionarios la Fiscalía les imputó los cargos de cohecho, concierto para delinquir, falsedad ideológica, falsedad material y enriquecimiento ilícito. La investigación está vinculada al caso por el que fue detenida la empresaria Stella Durán.
Según la Fiscalía, los capturados crearon una red que, a cambio de sobornos, agilizaba permisos y otros trámites que les permitieran a empresarios vender productos que no contaban con los certificados científicos necesarios para comprobar sus efectos sobre la salud de los consumidores.
Así, esa red tramitaba registros sanitarios falsos para productos que jamás tuvieron un certificado sobre su supuesto efecto positivo.
Entre los productos estéticos que tienen registros adulterados están una fibra que supuestamente ayudaba a perder peso, denominada Fattache, y el producto para la belleza Canna Pain, crema y parches.
"Se limitó a nombrar de forma genérica, sin precisar en los hechos jurídicamente relevantes" dijo el juez quinto especializado.
El juez considero que la Fiscalía no preciso satisfactoriamente los hechos jurídicamente relevantes, ni se acreditó el incremento patrimonial de algunos de los procesados y los datos de las penas imponibles socializadas en la audiencia fueron erróneas para los delitos imputados.
En el caso de Alicia Fernanda Celis, Diego Fernanda Isaza, Miguel Ángel Gómez, Jhon
Plata Hernández, María Cristina Calderón Ortíz se comprometían a devolver la suma de 10 millones de pesos, aceptaron los cargos y accedían a la reducción de la pena o la degradación de los delitos.
Hernán Darío Herrera y Anayibe Gómez Riveros devolverían 13 millones de pesos. Además Jorge Iván Sánchez la suma correspondiente a 33 SMLV (salario mínimo mensual legal vigente).
No obstante el juez dijo que había errores de la Fiscalía que alterarían la pena “que no basta con la aceptación de cargos” y manifestó que dichas condiciones del preacuerdo no cumplían con los requisitos mínimos.
Igualmente el togado dejó entrever que los dineros se recauden oportunamente, pues algunos de los procesados ya habían realizado las consignaciones, aunque no en su totalidad y otros no las han efectuado.