Desde el Congreso evalúan la disolución del INPEC

El INPEC ha estado en el ojo del huracán por múltiples casos de corrupción al interior de los centros penitenciarios del país.

Judiciales - Nacional
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La Dirección Penitenciaria y Carcelaria, la cual estaría adscrita a la Policía Nacional.

A través de un borrador de un proyecto de ley, se logró conocer que desde el congreso se estudia la posibilidad de eliminar el actual Instituto Nacional Penitenciario (INPEC). La propuesta en parte ha estado influenciada por los sucesos recientes de la Fuga de la excongresista Aida Moreno, además que dicha institución ha presentado constantes problemas e irregularidades en temas de personal y se ha visto envuelto en casos de corrupción dentro de los penales del país.

La medida hace recordar a la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que desapareció en 2011 por constantes polémicas derivadas de la mala utilización de los recursos de ese organismo para el favorecimiento de determinados sectores políticos del país.

La propuesta inicialmente fue planteada desde la Policía Nacional a través de un oficio en el que se propone la creación de la “Dipec”, Dirección Penitenciaria y Carcelaria.

En los apartes del documento que se dio a conocer por el Congreso de la Republica, se establece dar un tiempo de 2 años para lograr el empalme entre el “liquidado” Inpec y la Dipec. Además señala que una vez expedida la ley, dentro de los seis meses siguientes el Gobierno deberá reglamentar el proceso de supresión del Inpec.

Asimismo, indica que “el Gobierno Nacional suprimiría los empleados de planta de personal del Instituto Penitenciario y Carcelario (…) y ordenaría de los servidores que las cumplan en la planta de personal”.

Las funciones de la “Dipec”

El organismo que reemplazaría al Inpec, según este borrador de ley, establece que la Dirección Penitenciaria y Carcelaria, la cual estaría adscrita a la Policía se encargaría entre otras de:
- Ejecutar y desarrollar la política carcelaria.

- Hacer cumplir las medidas de aseguramiento, las penas privativas de la libertad y las medidas de seguridad que establezcan las autoridades judiciales.
Según se conoció, esta propuesta está siendo analizada de manera interna en la Policía, que entregará un informe al Ministerio de Defensa con las respectivas conclusiones.

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