Las investigaciones, adelantadas durante nueve meses, permitieron establecer un comercio ilegal de especies silvestres por 5 años en Cali.
Ante un juez de control de garantías la Fiscalía imputó cargos a Alejandro Arias Peláez, representante legal y gerente de la empresa Zoomarcanes Compañía Ltda., y al biólogo Jesús Ernesto Ocampo Prado, exfuncionario del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, como presuntos responsables de los delitos de daño en los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
En el caso de Ocampo Prado, el ente investigador también le endilgó cargos por prevaricato por omisión.
Al término de la diligencia judicial, solo Arias Peláez se allanó a cargos.
Durante nueve meses, investigadores de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos adelantaron una indagación sobre la firma Zoomarcanes, la cual, al parecer, vendió ilegalmente especies silvestres desde el año 2007 hasta el 2013.
Se conoció que las autoridades ambientales incautaron animales categorizados como amenazados y en vía de extinción.
En el caso de Jesús Ernesto Ocampo, los investigadores establecieron que como biólogo y entonces funcionario del Grupo de Control de Fauna del Dagma, habría omitido impedir durante 5 años esta comercialización ilegal de fauna, por parte de la empresa de Alejandro Arias Peláez.
Durante el proceso penal, el ente acusador tuvo la colaboración y apoyo por parte del Dagma y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Ambos investigados fueron detenidos por servidores de la Fiscalía adscritos a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, en desarrollo de la operación Eco-Conciencia.
Cabe resaltar que el tráfico y comercio ilegal de especies silvestres es el tercer delito más lucrativo en el mundo, después del tráfico de drogas y la venta ilegal de armas.
