Junto a la Policía harían efectiva una orden de captura emitida por la Fiscalía contra Nelfer Carrascal Guerrero, alias ‘Vallenato’, y Misael Carrascal Rey, conocido como ‘Misael’.
Bogotá (EFE).- El Ejército colombiano denunció que tres militares fueron retenidos por pobladores de una zona rural del municipio de San Calixto, que hace parte de la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, para evitar la captura de dos criminales.
La institución informó en un comunicado que las tropas llegaron al lugar junto a la Policía para hacer efectiva una orden de captura emitida por la Fiscalía contra Nelfer Carrascal Guerrero, alias ‘Vallenato’, y Misael Carrascal Rey, conocido como ‘Misael’.
Según las autoridades, estos hombres hacen parte de ‘Los Pelusos’, un reducto del Ejército Popular de Liberación, Epl, y figuran en la lista de "los más buscados por homicidios de líderes sociales" en el departamento de Norte de Santander, también fronterizo con Venezuela.
El Ejército aclaró que los capturados tenían también "una notificación azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego".
Sin embargo, cuando los uniformados llevaban a cabo la acción judicial en la aldea San Ignacio, de San Calixto, unos 60 pobladores armados con palos y machetes impidieron las capturas.
En el hecho, "algunos miembros de la comunidad retuvieron en contra de su voluntad a un oficial, un suboficial y un soldado", indicó el Ejército.
En el Catatumbo opera la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, disidencias de las Farc, grupos narcotraficantes y ‘Los Pelusos’, considerados por el Gobierno como una banda criminal.
"El personal militar a esta hora continúa retenido arbitrariamente por la población en la cancha de una escuela ubicada en San Ignacio, colocando en riesgo la vida e integridad de los miembros de la institución y trasgrediendo el Derecho Internacional Humanitario", denunció la institución.
Al mediodía de este miércoles personal de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Personería hacían presencia en la zona para tratar de dialogar con la comunidad y que los militares fueran liberados.