Ese tribunal es el encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado del país y fue creado tras la firma del acuerdo de paz
Bogotá (EFE).- La Justicia Especial para la Paz, JEP, pidió al presidente de Colombia, Iván Duque, que sancione la ley estatutaria que reglamenta su funcionamiento y que aprobó el Congreso el año pasado.
"Teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho (...) es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley", manifestó la JEP en un escueto comunicado.
Ese tribunal es el encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado del país y fue creado tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, ahora convertida en partido político.
La JEP detalló que la sanción de la ley beneficia a 9.691 desmovilizados de las Farc, 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado que hasta el momento se han sometido.
La Corte Constitucional declaró el pasado agosto aplicable la ley estatutaria para la administración de la JEP, aunque denegó algunos cambios hechos en ella por el Legislativo, que aprobó el funcionamiento del tribunal casi dos meses antes.
Ante esto, el tribunal agregó que la Corte "de manera inequívoca y perentoria (...) remitió el proyecto de ley estatutaria al presidente del Congreso para que el texto 'se firme por los presidentes de ambas cámaras y se remita al presidente de la República para su sanción y promulgación'".
Entre tanto, el fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, envió este lunes una carta a Duque en la que expresó sus preocupaciones sobre la ley estatutaria.
Martínez se refirió a los estatutos sobre los reinsertados que continúen en actividades de narcotráfico después de la firma del acuerdo y la exclusión de los beneficios de la JEP a quienes cometieron delitos después de esa fecha.
De igual forma, se pronunció sobre la suspensión de las investigaciones a los actores del conflicto armado por parte de la Fiscalía y a la "impunidad" que tendrán los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
