Diego Martínez es uno de los abogados de los 31 líderes de las Farc vinculados al proceso que adelanta la JEP por secuestro, y quien radicó uno de los recursos por los que quedaría suspendido el plazo de 10 días para que entreguen informes sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz.
Asegura que el recurso hace parte del ejercicio de defensa y que es necesario en este momento porque para ellos se están violando procedimientos propios del debido proceso, además consideran que están cediendo a las presiones de la JEP.
“La Jurisdicción Especial para la Paz está cediendo a las presiones del Fiscal General de la Nación. Presiones que entre otras cosas está afectando derechos fundamentales. Hasta hoy la Jurisdicción no cuenta con un Sistema Jurídico de Defensa ni de derechos de la Defensa, de hecho las personas que han sido llamados por parte de la Fiscalía eran quienes estaban construyendo administrativamente el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa”, señala.
En el recurso piden anular el auto que les exigió la entrega de dichos informes por cinco razones, en especial, porque no es el momento procesal correcto y porque los compromisos que hasta el momento se deben cumplir ya se hicieron: la dejación de armas y la firma del acta de sometimiento. Aseguran además, que el hecho de que no se conozca el paradero de algunos líderes, no implica un incumplimiento, pues no existe la obligación expresa de permanecer en los Espacios Territoriales de Reincorporación.
“El hecho de que no se sepa el paradero de un señor no significa que se puedan violar garantías procesales y en efecto inclusive estos señores han venido manifestando su intención de someterse a la JEP. Los 31 llamados han manifestado ese compromiso”, afirma.