Para la Sala Penal de este alto tribunal, no existen pruebas suficientes para acusar al congresista del delito de tráfico de influencias por, al parecer, utilizar su poder para influir en la designación de bienes provenientes del narcotráfico. En dicho caso, también se vio involucrado el director de la entidad, Carlos Albornoz.
Este escándalo de corrupción salpicó a 13 congresistas y excongresistas entre los que se encontraban expresidentes del Congreso, como Luis Humberto Gómez Gallo, del Partido Conservador, Javier Cáceres Leal, de Cambio Radical, y Hernán Andrade.
De acuerdo con la denuncia presentada por el entonces director de la entidad, Juan Carlos Restrepo Piedrahíta, los malos manejos al interior de la dirección sirvieron para pagos de favores burocráticos y la falta de control en la elección de los depositarios, situaciones que sirvieron incluso para que personas allegadas a la mafia administraran bienes.
Asimismo, la falta de control en la DNE sirvió para originar diversas modalidades de defraudación a la entidad, al punto que desaparecieron bienes del inventario que hoy no se sabe en manos de quiénes se encuentran.
De igual modo, en la denuncia se señalaba que el senador conservador habría influido ante la DNE en el nombramiento como depositario de Aniano Iglesias en los predios rurales conocidos como Cristella, El Corralito y las Cumbres, ubicados en el municipio de Barona, (Atlántico).
En su momento, Andrade calificó dichos señalamientos como una “sarta de mentiras” y aseguró que nadie le había hecho una propuesta indecente con relación a los bienes. Sin embargo, reconoció haber visitado en más de 14 ocasiones esa entidad, pero no en busca de beneficio propio sino en función de sus deberes como parlamentario.
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia seguirá investigando si hubo incremento injustificado de patrimonio del senador.
