La Corte Constitucional tumbó el modelo que había promovido el exfiscal en el que creó la Universidad de la Fiscalía y las polémicas embajadas en el exterior. En su lugar quedará la que impulsó el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez y el Gobierno, como una apuesta de la entidad para enfrentar los restos del posconflicto.
La Corte Constitucional sigue revisando los decretos, leyes y actos legislativos que se aprobaron en el Congreso para implementar el Acuerdo Final de Paz. Esta vez, el turno de evaluación es para el decreto de ley 898 de 2017 en el que se pactó la restructuración de la Fiscalía de cara al posconflicto. El alto tribunal tomó la decisión de declarar que lo aprobado en la norma es constitucional y de esta manera, se cae el modelo de la entidad que promovió el exfiscal Eduardo Montealegre hace más de dos años. El caso fue estudiado en la Sala Plena de la Corte durante más de cuatro meses.
Allí, el magistrado Alberto Rojas presentó un proyecto de fallo en el que expuso que el decreto aprobado por el Congreso es exequible, es decir, que está de acorde a lo planteado en la constitución. Sus compañeros aceptaron su propuesta. Según la norma, uno de los cambios más importantes que se darían dentro de la Fiscalía es la creación de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales que Atentan contra Defensores de Derechos Humanos y Movimientos Sociales, y la designación de más de 500 fiscales para llegar a territorios “del posconflicto”.
En total, el decreto explica que se designarán fiscales para 43 municipios azotados por la guerra, donde la Fiscalía nunca había tenido presencia. Entre ellos Mapiripán (Meta), recordada por la masacre paramilitar de 1997; Arauquita, Cravo Norte y Fortul, municipios de Arauca duramente golpeados por la guerrilla, y Trujillo, en el Valle del Cauca, donde los paramilitares asesinaron o desaparecieron a más de 300 personas entre finales de los 80 y principios de los 90. Además, en lugares donde la violencia no da tregua, como Buenaventura (Valle del Cauca) y Tumaco (Nariño), se propuso aumentar el número de fiscales a 31 y 25.
En términos generales, el cambio en la estructura de la Fiscalía.
