Contra el senador hay testimonios desde el 2012 que lo señalan de haber hecho parte del denominado Plan Caribe, el cual ideó Jorge 40 usando la alcaldía de Barranquilla para garantizar el triunfo de varios congresistas de esa región del país.
El senador liberal, Álvaro Ashton se declaró inocente ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se le adelanta por su presunta vinculación con el Bloque Norte de las AUC.
Ante las preguntas de los magistrados, el congresista negó vínculo con los paramilitares, puntualmente con el frente José Pablo Díaz, comando por Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’.
La Corte determinó que mientras avanzan las investigaciones Ashton deberá pasar sus días recluido en el pabellón de servidores públicos de la cárcel La Picota. En cinco días máximo el alto tribunal definirá su situación jurídica. La defensa de Ashton solicitó que se le otorgue la libertad o en su defecto la detención domiciliaria.
El magistrado Eugenio Fernández Carlier deberá entrar a estudiar los elementos materiales probatorios y definir si emite o no medida de aseguramiento en contra del senador, quien es investigado por su presunta participación en el delito de concierto para delinquir en el escándalo de la “parapolítica”.
El congresista liberal fue capturado en la tarde del pasado domingo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. En una grabación, ‘Don Antonio’ aseguró ante las autoridades que se firmó un pacto con el entonces representante a la Cámara por el departamento del Atlántico para favorecerlo en su campaña al Congreso.
Según la investigación, en el año 2014 el senador pagó una suma cercana a los 600 millones de pesos para que el proceso se desviara. Durante años el caso quedó estancado, hasta que en agosto pasado se dio la orden de cambiar al magistrado ponente.
Fue así como el expediente pasó del despacho del magistrado Gustavo Malo –investigado por el denominado ‘cartel de la toga’- al escrito del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Fernández Carlier.
En ese momento se ordenaron una serie de pruebas, entre las que se encontraban la revisión del testimonio de ‘Don Antonio’, un grupo de desmovilizados y dirigentes políticos del Atlántico que señalaron a Ashton de buscar una alianza política entre los años 2002 y 2006.
El despacho del magistrado Fernández Carlier cuenta con 94 mil grabaciones, interceptaciones y testimonios.
Ashton también enfrenta una investigación por su participación en el denominado ‘cartel de la toga’, proceso al que fue vinculado tras las declaraciones del exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno.
Además de las irregularidades en la entrega de millonarios bienes manejados por la Dirección Nacional de Estupefacientes y un caso de abuso sexual con menor de edad.