Audios revelan que usaron 25 millones de euros para financiar campañas, comprar alcaldes y lujosos bienes.
Autoridades civiles españolas le ponen la lupa a las actividades que el grupo Canal Isabel II realiza en países como Colombia, Brasil y República Dominicana, en donde la prestigiosa empresa al parecer habría financiado campañas y comprar alcaldes.
Razón por la madrileña Patricia Rodríguez Revuelta, ejecutiva de un prestigioso banco ibérico y dueña del apartamento 1803 del edificio Alto Prado, ubicado en el exclusivo barrio Country Club de Barranquilla, hoy en la mira de la Guardia Civil española.
Autoridades de ese país creen que la joven abogada es testaferro de su padre, Edmundo Rodríguez Sobrino, exdirectivo del grupo Canal Isabel II, que se paseaba por Cartagena y Barranquilla en una camioneta con blindaje cinco, que ponía al servicio de congresistas.
Rodríguez es acusado de participar en el saqueo de al menos 25 millones de euros del grupo español, usados para comprar lujosos bienes. Pero también para sobornar alcaldes y patrocinar campañas a cambio de jugosos contratos de servicios públicos y cobro de impuestos en Colombia, Brasil y República Dominicana. Además, para alimentar la caja negra del Partido Popular español (PP).
En Colombia, el ilícito se cometió a través de Inassa, el tentáculo de los españoles en América Latina que se apropió de la mayoría accionaria de la empresa Triple A de Barranquilla, a través de maniobras que hoy tienen en la mira a cuatro exalcaldes de la Arenosa: Édgar George, Bernardo Hoyos, Humberto Caiaffa y Guillermo Hoennigsberg.
Pero confirmó que hay cientos de horas de grabaciones que han permitido reconstruir la ruta del saqueo. Una de estas data de 2014, cuando la hija de Rodríguez trabajaba en la oficina de Londres del Banco Santander y su padre le acababa de traspasar el apartamento en Barranquilla.
Los líos del político que enfrentó a los españoles
La carrera política del exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo ha estado llena de investigaciones, señalamientos y peleas. La más reciente la libró contra el Canal Isabel II, al que le logró quitar el recaudo de impuestos en Santa Marta (que tenía a través de R&T) y el control de Metroagua, gracias a una acción popular.
A esa pelea, que salpica a poderosos del Magdalena, atribuye que le estén reviviendo una investigación por nexos con ‘paras’. Varios desmovilizados aseguran que en 2003 Caicedo, entonces rector de la Universidad del Magdalena, les pidió matar a tres personas y les entregó tres contratos. En 2011, Caicedo fue vinculado al proceso, y aunque ha declarado 22 veces y ha pasado por 45 fiscales, aún no hay una decisión de fondo.
Se conoció que un comité técnico de la Fiscalía, de marzo de 2015, concluyó que existían “notables contradicciones en los testimonios” y vacíos en la investigación. Por eso frenaron la medida de aseguramiento que le iban a imponer.
La defensa de Caicedo dice que la supuesta reunión con los ‘paras’ fue posterior a los contratos y a los asesinatos. Además, que el testigo Luis Carlos López, ‘Orejas’, se retractó en 2016 y otros ‘paras’ asumieron los crímenes, sin mencionar a Caicedo.
El tema se volvió a mover ahora que Caicedo aspira a la Presidencia y tras enfrentamientos políticos como el que protagonizó por Metroagua. De hecho, Caicedo acaba de denunciar a 7 alcaldes samarios y a directivos del acueducto, entre los que está Diego García, pedido en extradición por España por el caso Inassa.
Y recientemente se enfrentó a Álvaro Cotes, padre del exgobernador de Magdalena Luis Miguel ‘Mello’ Cotes.
