La decisión del Consejo de Estado se conoce tras dejar en firme un fallo que anula el acuerdo 280 de 2007 con el cual la alcaldía de Bogotá de ese entonces buscaba que la Secretaría de Gobierno ubicara un lugar en las calles de cada localidad para “difundir fotografías de las personas condenadas por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual”.
Para el Consejo de Estado el objetivo de ese acuerdo era arbitrario, puesto que “era una amenaza para los derechos fundamentales, y afectaba la intimidad, personal y familiar de las personas”, independientemente de quienes sean culpables por algún delito. “Dicho reglamento se traduce en una restricción desproporcionada de los derechos fundamentales de las personas cuya identidad pretendía ser exhibida en escarnio público, así como los de sus familiares” advierte el fallo.
Y es que el acuerdo no solo buscaba “publicar fotografías de delincuentes”, sino también “sus nombres, los delitos cometidos, la edad de sus víctimas y el monto de la condena impuesta por las autoridades judiciales”.