Entre los responsables están el excontralor territorial en La Guajira, el excandidato a la Cámara de Representantes y una excandidata a la Alcaldía de Dibulla.
Por medio de un operativo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, fueron capturadas 5 personas en Riohacha y Maicao, por aparentemente desviar recursos de los niños a través del Icbf , quien también están siendo solicitadas por un Juez de la República, por investigación de varios delitos, entre ellos, peculado por apropiación.
Entre estos detenidos están Daisy Socorro Villar Fuenmayor, excandidata a la Alcaldía de Dibulla, quien es la representante legal de la fundación ‘Alimentando Mi Región’; Leyla Montalvo, coordinadora del centro zonal del Icbf de Riohacha; Jorge Luis Mejía Herrera, excontralor Territorial en La Guajira y excandidato a la Cámara de Representante; María de Jesús Mejía Toro y Wilmer Peñaloza, contador en Maicao.
Ha trascendido de manera extraoficial que son 14 órdenes de capturas en este operativo, de las 50 que se estarían haciendo efectivas en los próximos días, antes del proceso eleccionario que se realizará en La Guajira este 6 de Noviembre.
El desvío de una gran suma de dinero, si se tiene en cuenta que la Fundación tiene años de estar contratando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf y las presuntas irregularidades tienen que ver con la contratación y ejecución de los programas de alimentación que benefician a muchos niños, incluyendo, de la etnia Wayúu.
Las capturas se realizaron a primera hora, en la residencia de Daisy Socorro Villar Fuenmayor, ubicada en la calle 14, entre carrera 14 y 15 ahí también capturaron a Jorge Mejía Herrera, excontralor Nacional para la Regional de La Guajira y excandidato a la Cámara de Representante, por el Partido Aico.
Así mismo, apresaron a María de Jesús Mejía Toro, hija de Mejía Herrera en su residencia en el barrio Villa Comfamiliar; a Leyla Montalvo, la arrestaron en su casa y a Wilmer Peñaloza, en Maicao; quienes fueron llevados a la Fiscalía General de la Nación y después, uno a uno, a Medicina Legal, a fin de determinar el estado de salud.
Estas personas serán llevadas a Bucaramanga, en donde serán procesados.