La entidad avanza en un proceso de depuración de propiedades que llevan más de 10 años sin definir situación jurídica.
La encerrona de la justicia contra los narcotraficantes y sus colaboradores llevó a iniciar, hace más de una década, una operación para ocupar los bienes de quienes se consideraban testaferros.
Propiedades en todo el país se llenaban de policías y fiscales. Las incautaciones en años como 2002 sobrepasaban incluso la capacidad de verificación de los investigadores. El resultado 10 años después, son demandas que obligan a la Fiscalía a devolver las propiedades y tomar decisiones de improcedencia a incautaciones que fueron titulares de prensa.
La actual Directora de Extinción de Dominio de la Fiscalía, Andrea Malagón, es la encargada de ponerle la cara a este enredo. Aseguró a Caracol Radio que avanzan en una depuración y este año tiene resuelta la suerte de 200 procesos con la devolución de esos bienes.
“Nosotros tenemos alrededor de 1.500 procesos que se encuentran en espera de definición, en promedio se están demorando de siete a 10 años hasta la decisión definitiva”.
El arqueo permitió establecer que más del 50 por ciento de las incautaciones, anteriores a la nueva ley de extinción de dominio, no tienen fundamento legal y la Fiscalía no puede más que devolver las propiedades a sus originales dueños.
“Esa fue una de las razones por las cuales la Fiscalía presentó el proyecto de ley de modificación de esa ley antigua y que de hecho ha vuelto más dinámica la actividad de la policía judicial en la definición pronta de esas investigaciones”.
El problema para la Fiscalía, es que muchos de esos bienes llevan años bajo la administración del Estado y no son buenas las condiciones en las que se encuentran, una advertencia a futuras demandas que seguramente se tendrán que pagar.