Un juez de Miami negó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias Leyva, quien fue detenido el pasado miércoles en su casa por autoridades federales en cumplimiento de una solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Colombia para que cumpla la condena impuesta por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
En las próximas semanas se realizará la audiencia en la cual el juez definirá si acepta o no entregar a Arias Leyva a la justicia colombiana. De avalarse esta petición la defensa del exministro podrá presentar un recurso de apelación ante la Corte del Estado de la Florida. Fuentes cercanas aseguraron que dicha apelación podría durar más de un año.
Medios internacionales registraron que el juez consideró que no podía admitirse la petición debido a que existe un riesgo de fuga. Agregó que existe un precedente frente al cumplimeinto del tratado de extradición que tienen los dos países.
En su argumentación rechazó los argumentos de la defensa del ex ministro, quien aseguró que iba a poner a disposición los pasaportes, documentos de viaje de su esposa y dos hijos, así como la vigilancia mediante brazalete electrónico.
La agencia EFE citó que el representante de la Fiscalía General de EE.UU. dijo en la audiencia que no entregar a Arias a Colombia traería "severas consecuencias" políticas para las relaciones con ese país. El delegado busca que se adelanten todos los procedimientos para una extradición exprés.
Tiempo en el cual el exprecandidato presidencial por el Partido Conservador seguirá privado de su libertad. La defensa y familia de exministro sostiene que esta detención en territorio estadounidense es una clara muestra de la persecución política que ha emprendido el Gobierno de Colombia en contra del exministro y otros funcionarios del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Debido a esto insistirán en que se le otorgue el asilo político en los Estados Unidos. Personas cercanas a exministro aseguraron que desde hace un año las autoridades de ese país le otorgaron un asilo temporal y un permiso de trabajo, lo que le permitió ejercer actividades económicas de manera libre y legal junto a su esposa y dos hijos.
Arias Leyva fue condenado a 17 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos por las irregularidades en la entrega de subsidios de riego y drenaje.
