Las conclusiones del consejo directivo del Inpec se convierten en la herramienta que usará el Gobierno para solucionar los problemas de atención médica que sufren los internos de 74 establecimientos carcelarios en todo el país y que deja un delicado balance de diagnósticos prioritarios. 611 internos contagiados con VIH, 89 con cáncer, 1.112 con diabetes, 188 con Epoc y 2.884 psiquiátricos, de ahí la necesidad de decretar la emergencia carcelaria.
El ministro de Justicia, Jorge Londoño, dijo que esta medida le otorga facultades especiales al director del Inpec y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, como la contratación directa para adelantar obras de mejoramiento, compra de medicamentos y la atención de urgencias dentro y fuera de los penales.
“Para tomar algunas medidas fundamentales que resuelvan algunos de los problemas que estamos viviendo, pero el problema de fondo es cómo vamos a solucionar los problemas de salud de todos estos establecimientos carcelarios”. Entre las primeras decisiones se ordenaron brigadas de salud coordinadas por el Inpec y apoyadas con las seccionales de salud en cada departamento, modificar el manual de funcionamiento para que los profesionales de salud puedan realizar funciones asistenciales y mejorar la dotación en áreas de sanidad en las cárceles.
“El Consejo aprobó que la emergencia fuera hasta diciembre y habrá más reuniones para revisar el avance de los acuerdos, hay que hacer una autocrítica”, señaló el ministro Londoño.
Aseguró el Ministerio de Justicia que estas medidas son inmediatas pero en nada remplazan los proyectos de fondo, que permitan solucionar de forma definitiva los problemas del sistema penitenciario.
