Un fuerte llamado de atención hizo la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a las entidades encargadas de prestar los servicios médicos a internos con enfermedades terminales.
El pronunciamiento lo hizo la judicatura al fallar una tutela a favor de 16 reclusos que padecen de VIH en el Centro Penitenciario y Carcelario San Isidro de la ciudad de Popayán.
El magistrado Ovidio Claros lamentó que los pacientes no contaban con el servicio de salud ni el suministro de medicamentos, lo cual ha generado un deterioro notable en su salud.
“Evidencia la Sala que dicha patología –VIH- ha sido catalogada como una enfermedad ruinosa y catastrófica, por lo cual la Ley 975 de 2005 declaró de interés y prioridad nacional la atención integral estatal a la lucha contra el VIH, debiendo el Estado garantizar en su Sistema General de Seguridad Social en Salud el suministro de los medicamentos, reactivos y dispositivos médicos autorizados para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades ruinosa o catastróficas, de conformidad con la legislación creada para ello”, precisó la decisión.