La decisión fue adoptada con relación a la apelación de la medida de aseguramiento que le impusieron al alcalde electo.
El Tribunal Superior de Santa Marta le ordenó al Juzgado Primero Penal del Circuito de Santa Marta definir la situación jurídica al alcalde suspendido Rafael Martínez.
La determinación firmada por el magistrado Carlos Milton Fonseca Lidueñas señala al despacho judicial que en término improrrogable de cinco días hábiles siguientes a la notificación, adopte dicha decisión concerniente a la apelación interpuesta por los apoderados de Martínez de la medida de aseguramiento con la que fue cobijado.
Según manifiesta la posición judicial, se ampara la acción de tutela interpuesta de Martínez, en la que denuncia una presunta violación de derechos fundamentales y el debido proceso.
