La diligencia judicial que se cumplirá en la sede del edificio Galaxia, es un nuevo intento por determinar si se le procede a medida de aseguramiento al exalcalde Carlos Caicedo Omar por las obras inconclusas de los puestos de salud que comenzaron a construirse hace cuatro años y que aún algunos siguen en obra negra.
La seguidilla de audiencias suspendidas lleva más de un año y las autoridades judiciales no han podido tomar una decisión sobre la diligencia de medida de aseguramiento tras la polémica captura que les hizo la Fiscalía.
Caicedo y Martínez fueron detenidos el 28 de noviembre de 2017 por presuntas irregularidades en las obras de adecuación y remodelación de los centros de salud de La Paz, Taganga, Mamatoco, Bastidas y el IPC La Candelaria, que fueron contratadas entre octubre de 2014 y enero de 2015 a través de la ESE Alejandro Próspero Reverend con una inversión de 6.537 millones de pesos.
El contrato se adjudicó a través de convocatoria pública en el gobierno de Carlos Caicedo a la empresa Mediredes SAS, pero en esa administración solo se terminaron las obras de la infraestructura de salud de Bastidas mientras las otras cuatro quedaron inconclusas.
El 23 de noviembre de 2016, cuando ya Rafael Martínez era alcalde, se suscribió un nuevo contrato con la Unión Temporal Construyendo Salud Santa Marta 2016, esta vez con 5.863 millones de pesos del Distrito, para terminar los centros de salud de Taganga, La Paz y el IPC La Candelaria, dejado por fuera del proyecto el de Mamatoco.
Estas obras se reiniciaron en mayo de 2017, después de varios ajustes a los diseños, y estaban previstas para terminar hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, sin embargo, las obras estuvieron paralizadas en varias ocasiones por deudas del contratista con los empleados y proveedores, y en la actualidad solo han inaugurado las de La Paz y Taganga, pero no están funcionando por múltiples inconvenientes que no le han permitido a la ESE recibirle a la Alcaldía los nuevos centros de salud.
En medio de todos esos problemas, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, pidió a sus fiscales seccionales priorizar las investigaciones por esas y otras obras retrasadas en Santa Marta y fue así como se libró orden de captura en contra de los dos dirigentes políticos, quienes luego fueron dejados en libertad pero siguen respondiendo en el proceso judicial.