La grave situación de sobre poblamiento en las cárceles del país, impulsó la decisión del nuevo Ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño a declarar una crisis carcelaria.
Esta crisis no se asume sólo por el hacinamiento en los centros carcelarios, sino también por las deplorables situaciones en la que se encuentran viviendo las personas privadas de la libertad, puesto que no tienen espacios dignos para descansar, entretenerse ni realizar sus necesidades fisiológicas.
Según las investigaciones y seguimientos realizados por el mismo Ministerio, de las 138 prisiones del país, 74 carecen de servicio médico, puesto que por la liquidación de Caprecom, miles de reos se encuentran sin un régimen de seguridad social, ni contributiva ni subsidiada, lo que es toda una situación de alarma, teniendo en cuenta que según los censos realizados recientemente, hay 611 internos con VIH, 89 con cáncer, 188 con enfermedad pulmonar obstructiva, 1.112 diabéticos insulinodependientes y 2.884 que requieren atención psiquiátrica.
En total las cárceles del país, hasta febrero de este año había 118.059 personas, cuando la capacidad del sistema carcelario es de 77.874, registrándose un hacinamiento de 51,6%. Pero llama la atención que entre las diez más sobrepobladas, tres pertenecen a la región Caribe.
En un primer lugar se encuentra la cárcel de Riohacha, cuya capacidad es de 90 internos, aunque actualmente tiene más de 600. Esto, según el Inpec, se debe a que es el único establecimiento penitenciario y carcelario del departamento, por lo que llegan los detenidos de todos los municipios de la Guajira.
En segundo lugar, se ubica la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, y pese a que su capacidad es para 350 personas, en registros de diciembre del año pasado albergaba a 1.421. A eso, se le suma los brotes de varicela entre la población, en los que es prácticamente imposible tomar medidas de aislamiento para evitar un contagio masivo.
Por último, la cárcel de Valledupar aunque tiene una capacidad para tan sólo 250 personas, actualmente son más de 1.300 reclusos, lo que provocó que el mes pasado guardias del Inpec presentaran una solicitud formal a la dirección del penal, de no seguir recibiendo más internos, puesto que además de las difíciles condiciones, les preocupa su seguridad porque el número de guardias no da abasto para cuidar a tantos presos.
