Detención domiciliaria para maestra y funcionaria capturadas

Yadira Mercedes Barros Yance y Lourdes Edilsa Linero Terán

Judiciales - Local
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Los delitos imputados fueron  peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad material de documento público.

 

La profesora Yadira Mercedes Barros Yance y la empleada de la Secretaría de Educación Distrital, Lourdes Edilsa Linero Terán, después de haber sido detenidas el pasado Miércoles de Ceniza en la ciudad de Santa Marta, fueron llevadas ayer ante un juez quien legalizó las capturas, les imputó los cargos respectivos y les dicto medida de aseguramiento domiciliaria.

Investigadores de la Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI Magdalena, Unidad Investigativa, capturaron a la funcionaria de la Secretaría de Educación y la docente, requeridas por el Juzgado Quinto Penal Municipal, por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad material de documento público. La captura de la educadora se realizó en vía pública del barrio Minuto de Dios, mientras que la aprehensión de la profesional universitaria, encargada de certificar nombramientos y posesiones del área docente en la Secretaría de Educación Distrital, se produjo en el colegio Normal Superior San Pedro Alejandrino.

Durante la investigación, se estableció que la profesora radicó la solicitud de reconocimiento de pensión de gracia ante la Caja Nacional de Previsión (Cajanal), adjuntando para tal fin una falsa constancia de prestación de servicios, tiempo y tipo de vinculación como docente, elaborada por la funcionaria de la Secretaría de Educación, obteniendo de esta forma una pensión de $1.913 000, retroactiva desde el 24 de abril de 2007, y que se le otorgó desde el año 2010 a la fecha, devengando un total de 34 millones de pesos. De acuerdo con los investigadores, la docente quien laboraba en el colegio Normal María Auxiliadora, recibía la pensión sin cumplir con los requisitos, entre ellos, el de pertenecer al régimen nacionalizado, exigido por la ley para que la misma le fuera otorgada. Con la investigación adelantada por el CTI, se evitó el pago de 220 millones de pesos como retroactivo del año 2007 al 2014, los cuales se le iban a pagar este año.