Aceptó cargos Rafael Ignacio Hoyos Cañavera, representante legal de la Agropecuaria RHC, dueña de la Finca "Los Patos".
Veinticuatro personas judicializadas, entre ellas doce condenadas, deja como resultado el trabajo interinstitucional adelantado por la Mesa de Gestión de la Eco región, que articula el actuar de todos los entes que en territorio conforman el Sina y a través de las autoridades competentes investigan delitos ambientales en la Ciénaga Grande de Santa Marta que incluye el Parque vía Isla Salamanca, el santuario de flora y fauna, un humedal Ramsar y declaratoria como Reserva de Biosfera, en 600.000 hectáreas del departamento de Magdalena.
Las investigaciones adelantadas por las autoridades ambientales Corpamag y PNN llevadas a conocimiento de la Fiscalía, se encontró la construcción de diques, deforestación en gran escala para la utilización de los terrenos en agricultura y ganadería, tala y quema de mangle, provocación de incendios, casa ilegal de fauna silvestre para ser comercializada, causando graves daños ambientales que colocan en riesgo la reserva natural en esta parte del país.
Dentro de las investigaciones se destaca el acogimiento de cargos de Rafael Ignacio Hoyos Cañavera, Representante Legal de la Agropecuaria RHC, propietaria de la Finca "Los Patos", en la Ciénaga Grande de Santa Marta, y dónde las autoridades encontraron un gran daño ambiental a esta zona protegida. Hoyos Cañavera aceptó los cargos imputados por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de daño a los recursos naturales agravado en concurso sucesivo y homogéneo con ilícito aprovechamiento de los recursos naturales.
Según las investigaciones del Eje Temático de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente de la Fiscalía, con sede en Barranquilla, en la Finca Los Patos, ubicada en el municipio de Remolino, Magdalena, se decomisaron 5 hidromotores y una retroexcavadora utilizados en la construcción de diques y terraplenes.
Dentro de las investigaciones se realizaron por lo menos 12 procedimientos que contemplan sobrevuelos de inspecciones, análisis de criminalística, interrogatorios a autoridades ambientales, a investigados y testigos.
Las condenas contra los 12 implicados oscilan entre los 30 y 100 meses de prisión y sus delitos van desde aprovechamiento ilícito de los recursos naturales en concurso con daño a zona protegida, extracción de especies faunísticas para su comercialización y distribución, vulneración al bien jurídico, entre otros. 10 personas se encuentran en etapa probatoria o a la espera de imputación de cargos.
