Tegucigalpa, 24 may (EFE).- El exministro y exalcalde de Tegucigalpa Miguel Pastor se entregó a la justicia de Honduras, que lo acusa de abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para lavado de activos, y fue enviado este viernes a prisión.
Pastor, exministro de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) entre 2010 y 2012, se presentó el jueves de forma voluntaria al Juzgado Penal en materia de Corrupción de la capital hondureña, que dictó esta madrugada su detención judicial, afirmó a periodistas el portavoz del poder Judicial, Carlos Silva.
La misma medida fue impuesta a Walter Maldonado, ex director de Carreteras de Soptravi, y Daysi Zúñiga, gerente general de la empresa constructora Ingenieros Consultores Hércules Zúñiga S. de R.L (Incohz), añadió.
Pastor y Maldonado fueron remitidos a un batallón cercano a Tegucigalpa y Zúñiga a la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social, al norte de la capital.
El Juzgado Penal en materia de Corrupción programó la audiencia inicial de los tres acusados para el sábado, señaló el portavoz del poder Judicial del país.
Pastor, que ejerció el cargo de alcalde de 2002 al 2006, y Maldonado, fueron acusados por las autoridades de abuso de autoridad, cohecho, fraude y facilitación para lavado de activos, mientras que Zúñiga es señalada de falsificación de documentos y cómplice para fraude.
Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizan hoy un allanamiento en las viviendas del ex alcalde, del Partido Nacional (en el poder), y de Maldonado.
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo, afirmó a periodistas que el operativo busca recopilar "información física o digital" para fortalecer la investigación.
Agregó que la ATIC vincula al ex burgomaestre y los otros dos acusados a un caso de presunta corrupción que incluye el otorgamiento de contratos públicos a empresas de los líderes de la banda narcotraficante Los Cachiros, presos en Estados Unidos.
Los hermanos Javier Heriberto y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líderes de la banda Los Cachiros, se entregaron voluntariamente a la Justicia estadounidense a finales de enero de 2014.
Galindo indicó que otras doce personas, a las que no identificó, tienen orden de aprehensión tras ser acusados en este caso de presunta corrupción presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (Ufecic), que depende del Ministerio Público y cuenta con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en el país (Maccih). EFE
