San Salvador, 21 mar (EFE).- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador avaló este jueves que se solicite al Gobierno de Nicaragua la extradición del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) para que enfrente un proceso por cargos de corrupción.
Funes, asilado en Nicaragua desde 2016, informó en sus redes sociales sobre la decisión de dicho órgano de Estado, al que acusó de estar controlado por la "derecha".
"No me extraña. Como lo dije antes: una CSJ controlada por la derecha era previsible que se pronunciaría a favor de mi extradición", publicó el exmandatario en su cuenta de Twitter.
Añadió que el asilo político lo "protege de esta persecución judicial", por lo que la decisión sobre su futuro está en manos del Gobierno nicaragüense y no de la Corte Suprema salvadoreña.
El magistrado de la CSJ Leonardo Murcia señaló a un canal de televisión local que la solicitud del Juzgado Séptimo de Instrucción de solicitar la extradición de Funes fue avalada por "unanimidad".
El expresidente, quien llegó al poder con el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es procesado en dicho tribunal por supuestamente malversar más de 351 millones de dólares del presupuesto estatal.
Murcia explicó que el siguiente paso es que las "autoridades diplomáticas" salvadoreñas soliciten la extradición de Funes a Nicaragua, que "en el marco de su soberanía evaluará la parte que les corresponde".
El letrado acotó que el acuerdo tomado por los magistrados debe plasmarse en una resolución, que "efectivamente estaría saliendo hoy".
Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del "cambio" ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
El ex jefe de Estado también es procesado por supuestamente pagar sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa y revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos.
Los casos de corrupción que implican a expresidentes, incluido Elías Antonio Saca (2004-2009) -condenado el 12 de septiembre pasado a 10 años de prisión por la malversación de más de 300 millones de dólares- suman más de 666 millones de dólares. EFE
