Se trata de una denuncia en la que aseguran que miembros del batallón especial energético y vial número siete del Ejército se habrían apropiado de los pagos que realizaban empresas como Ecopetrol y Oxi para el servicio de escolta en Santander y Antioquia.
Supuestamente, cuando el coronel Richard Rodríguez asumió como comandante de la unidad, habría incrementado los costos del acompañamiento destinado a proteger la infraestructura petrolera del país para poder desviar los dineros, lo que habría permitido que se apropiaran de un poco más de 2.000 millones de pesos.
El caso ya está en manos de un juez de la justicia penal militar, quien ya ha escuchado en indagatoria a varios uniformados para tratar de establecer quiénes son los responsables del caso, aunque se habla de unos 30 militares involucrados.
