ALIANZA SEMANA-EL INFORMADOR
En la fría madrugada del 17 de septiembre de 2011 una explosión por acumulación de gases ocurrió en el canal que divide a la Avenida Boyacá con calle 55, una de las vías más transitadas de Bogotá. Un habitante de la calle resultó quemado y en el caño se recogieron más de 70 galones de combustible. Al parecer, este incidente habría ocurrido por una fuga de gasolina en una estación de servicio cercana.
Aunque el caso prácticamente pasó
desapercibido, si se suma a los incidentes que con mayor frecuencia se están presentando en estaciones de servicio a lo largo y ancho de la capital y a la falta de control por parte de las autoridades distritales, es claro que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia.
Para funcionar correctamente, una estación de gasolina debe cumplir con unos requisitos ambientales y técnicos estrictos, como manejar correctamente el almacenamiento y distribución de los combustibles, tener un permiso vigente de vertimientos, un adecuado manejo de aceites usados, residuos peligrosos y cumplir con las obligaciones de la licencia ambiental.
Sin embargo, Susana Muhamad, secretaria de Ambiente, le dijo a SEMANA que de las 445 estaciones que hay en la zona urbana, solo 54 contaban con permiso de vertimiento vigente, mientras que la mayoría solo tiene un registro. El año pasado la Secretaría hizo 194 visitas técnicas y encontró que 56 estaciones tenían incumplimientos ambientales.
El asunto no es de poca monta, pues muchas de estas estaciones se encuentran en zonas residenciales, comerciales y hasta universitarias. Además de una posible explosión por fuga o derrame, el hecho de que la gasolina contamine el suelo o llegue a las redes de acueducto es una amenaza para las personas, ya que muchos de sus componentes son tóxicos y cancerígenos.
Aunque hay diversas empresas en la lista de las estaciones que presentan incumplimientos ambientales, las que más preocupan a las autoridades por su gravedad son las de Petrobras.
Hace menos de un mes la Secretaría de Ambiente ordenó el cierre preventivo de la estación Petrobras Primero de Mayo, ubicada en el suroccidente de la capital, debido a un derrame de gasolina en el subsuelo que había sido detectado en abril de 2014 .Para la entidad ambiental no es claro cuándo ocurrió la pérdida de combustible, cuáles fueron las causas, cuánta gasolina se derramó, qué tan afectados están el suelo y el agua, y si los planes de mitigación propuestos por la estación serán suficientes.
Solo en junio Cencosud, dueño de la estación, dijo que había recuperado 390 galones de combustible (cerca de 1500 litros), una cifra alarmante ya que además no se sabe cuánto más permanece en el subsuelo o si en algún momento podrá recuperarse todo lo que se derramó. Pero es aquí donde surge una pregunta ¿Por qué si Cencosud cerró la estación desde abril pasado, la autoridad ambiental solo actuó en diciembre?
Como si esto fuera poco, cinco años antes la Secretaría de Ambiente detectó gasolina por fuera de uno de los pozos de monitoreo de esta misma estación, ubicada en una zona residencial donde hay cientos de apartamentos. A pesar de la sugerencia de los técnicos para que se iniciaran acciones judiciales, no se investigaron los hechos ni hubo sanciones.
Pero este no es el único caso. El 14 de abril de 2010 los residentes del edificio Tenerife Real, ubicado en la avenida Novena con calle 106, en el norte de Bogotá, entraron en pánico cuando en el parqueadero aparecieron enormes charcos de gasolina que provenían de la estación Petrobras Mochuelo.
La Secretaría de Ambiente la cerró preventivamente, pero nunca sancionó a la compañía, a pesar de que por orden de una tutela Petrobras tuvo que reubicar en 2011 a 41 familias debido a la amenaza que representa para la salud respirar estos gases y al inminente peligro de que una chispa produjera una explosión.
Un ejemplo de lo que puede ocurrir está en Dosquebradas. En 2011, una fuga de gasolina de un poliducto de Ecopetrol se esparció por el suelo y una quebrada. Al final, una pequeña chispa generó una gigantesca explosión en el barrio Villa Carlota y una ola de fuego acabó con la vida de 31 personas, dejó a otras con quemaduras severas y destruyó las viviendas de 52 familias.
Pese a la gravedad de lo ocurrido en la estación Mochuelo, varios de los afectados le dijeron a SEMANA que la situación aún es preocupante ya que varios tuvieron que volver al edificio luego que un juzgado levantó la orden de reubicación impuesta a Petrobas y a que la misma empresa los presionara para volver. Lo cierto es que, según ellos, sus propiedades se encuentran desvalorizadas, pues nadie compraría encima de una 'bomba de tiempo'.
El penetrante olor a gasolina continúa y aún temen por su salud y vidas. Otros residentes simplemente prefirieron no regresar. Petrobras cerró definitivamente la estación Mochuelo en agosto de 2014, terminando de manera anticipada el contrato de arrendamiento del lote, y afirma que el dueño decidió utilizarlo para un proyecto inmobiliario.
El hecho de que la autoridad ambiental no tome las medidas preventivas y sancionatorias a tiempo cuando hay filtraciones de gasolina es grave. En la estación Petrobras Spring también hubo fuga de gasolina en 2011, certificada por la misma Secretaría de Ambiente, pero nunca se cerró la estación ni se inició ninguna investigación sancionatoria.
"Se sugiere al área jurídica iniciar proceso investigativo al establecimiento Petrobras Spring por no tomar medidas en cuanto al sellamiento del pozo mal ubicado y por contaminar el recurso agua subterránea", indicaba un concepto técnico de ese año. Incluso, en el último pronunciamiento de la entidad distrital se ratifica que la estación no cumple ninguna de las obligaciones ambientales.
Para la secretaria Susana Muhamad, la actuación de la autoridad ambiental es compleja y están intentando descongestionar todos los procesos referentes a las estaciones de servicio. "Cada caso es particular y necesitan estudiarse a fondo las posibles causas de los incumplimientos. Primero se envían requerimientos a los operadores y los conceptos técnicos recomiendan seguir unas acciones, que luego son evaluadas por el departamento jurídico".