Luego de la declaración del ministerio de Salud y Protección Social sobre las razones de interés público de la patente de invención del dolutegravir, a través de la Resolución 1579 del 02 de octubre del 2023, y por solicitud del ministerio de Salud, la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió a esta entidad la primera licencia obligatoria de uso gubernamental sobre la patente (07115501A) del dolutegravir, medicamento
recomendado como primera opción de tratamiento para las personas que viven con VIH, por la
Organización Mundial de la Salud.
Con esta medida, se podrá atender a la población residente en Colombia,
especialmente, a los siguientes grupos priorizados independientemente de su
ubicación geográfica o capacidad económica: población migrante (regular e
irregular); personas que viven con VIH recién diagnosticadas; personas con falla
virológica; y personas que requieren profilaxis post exposición que, según la
evidencia y análisis presentados por el ministerio de Salud, requerirán en primera
medida el Dolutegravir, para así evitar un impacto mayor en el comportamiento de
la epidemia a nivel nacional.
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Con la ampliación del acceso al medicamento se busca garantizar la calidad de vida
de las personas que viven con VIH así como disminuir la trasmisión del virus, pues
una persona que vive con VIH que tiene su carga viral indetectable, tiene menor
posibilidad de transmitirlo, lo que es un paso adelante en el cumplimiento de las
metas establecidas para 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La decisión se adoptó en cumplimiento de la normatividad andina sobre propiedad
intelectual, de los acuerdos y tratados internacionales y de nuestro ordenamiento
jurídico interno. Esta licencia obligatoria de uso gubernamental representa un hito
en el mundo, dado que Colombia manifiesta, con esta declaratoria, su
inquebrantable deber con la protección de la salud pública al promover el acceso a
los medicamentos, permitiendo la adquisición del genérico de dolutegravir que
cumplirá con los requerimientos de calidad, efectividad y seguridad.
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Esta es una decisión que permitirá que con el mismo valor que actualmente el sistema está pagando por el tratamiento de una (1) persona con VIH, se puedan tratar aproximadamente treinta y seis (36) personas, con esto se protege y garantiza el derecho fundamental a la salud de nuestra población y de aquellos migrantes que han buscado un hogar seguro en nuestro país.