La medida cautelar que afecta al ministro de Relaciones Exteriores se prolongará hasta el 24 de julio próximo
La Procuraduría ha extendido por tres meses más la suspensión temporal del canciller Álvaro Leyva, mientras continúa el proceso disciplinario en su contra por el escándalo relacionado con la elaboración de pasaportes en Colombia.
Esta decisión se produce poco antes de que finalice el periodo de la primera medida cautelar que lo apartó de su cargo, la primera suspensión del canciller Leyva comenzó el 24 de enero por tres meses, y poco antes de su vencimiento, la Procuraduría optó por prolongar la sanción contra el ministro de Exteriores, quien está siendo investigado por dos presuntas faltas disciplinarias relacionadas con la licitación de los pasaportes.
Estas faltas, consideradas "gravísimas" por la entidad de control, se refieren a que durante el proceso de contratación para la elaboración de pasaportes en Colombia, el ministro Leyva declaró desierta la licitación sin contar con los fundamentos necesarios, lo que podría constituir una violación a los principios de contratación estatal.
La otra falta por la que el experimentado político enfrenta un juicio disciplinario fue por decretar la urgencia manifiesta por 12 meses para la prestación del servicio de entrega de libretas de pasaportes, después de haber declarado desierta la licitación que ya había sido adjudicada a la compañía Thomas Greg & Sons, supuestamente debido a que solo había un oferente para ese proceso.
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El Ministerio Público argumentó que "las condiciones que existían en el momento en que se ordenó la medida no han cambiado, por lo que, de reintegrarse el disciplinado al cargo, podría repetirse la falta en el actual proceso licitatorio".
Basándose en este argumento, la Procuraduría decidió ampliar la suspensión contra Leyva por otros tres meses, por lo que permanecerá fuera del cargo hasta el 24 de julio próximo. Hasta el momento, la defensa no ha presentado pruebas que refutan las acusaciones contra el alto funcionario del gobierno Petro.
"Si Leyva Durán fuera reintegrado, existe la posibilidad de que interfiera de manera perjudicial en el proceso actual, dado su autoridad sobre los servidores públicos citados como testigos", señaló la entidad de control.
Durante este proceso, se escuchará el testimonio de varios testigos, entre ellos Patricia Gonzáles, directora de Asuntos Migratorios Consulares; Robinson Valencia, subdirector de Control Migratorio de Migración Colombia; Claudia Amaya, coordinadora del grupo interno de trabajo de sistemas de información y tecnología; y Adriana Guzmán, asesora del grupo interno de trabajo de asuntos migratorios del Ministerio.
Según medios de comunicación, la defensa del canciller suspendido Álvaro Leyva estaba considerando solicitar al procurador Ernesto Espinosa, encargado del caso, la anulación de la medida cautelar. Sin embargo, el ente de control tomó la decisión de extender la suspensión por otros tres meses antes de que se pudiera hacer esa solicitud.
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Como resultado de este escándalo, que llevó a la salida de Leyva de la cancillería, el embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, ha asumido el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de manera interina. Además, varios funcionarios, como Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Jurídica del Estado, y José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, también deberán prestar testimonio en la Procuraduría como parte del proceso contra Leyva.