Abren proceso de responsabilidad fiscal por más de $4 billones en proyecto Hidroituango

El anuncio de esta decisión se hizo en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer año gestión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

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Los presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, tres representantes legales de EPM, dos exalcaldes de Medellín, dos Gobernadores de Antioquia y varios contratistas.

Mediante auto de apertura del pasado 8 de noviembre, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un total de $4.075.680.000.000), contra 34 presuntos responsables, como consecuencia de los daños generados por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango.

Entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de Hidroituango, 3 representantes legales de EPM, 2 exalcaldes de Medellín, 2 Gobernadores de Antioquia y varios contratistas.

El anuncio de esta decisión se hizo en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del primer año gestión del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte.

Destrucción de valor de la inversión

La Contraloría considera, con base en el Informe de Actuación Especial de Control Excepcional, realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, y las pruebas allegadas con el mismo, que las mayores inversiones realizadas en Hidroituango no se encuentran justificadas, pues obedecieron a la necesidad de atender situaciones que se presentaron como consecuencia de graves problemas en la planeación y en la ejecución del proyecto, atribuibles a la improvisación y a la falta de seguimiento y control de los vinculados en calidad de presuntos responsables.

¿Qué sigue?

Tras culminar el respectivo proceso de notificación de este auto de apertura, el Despacho de la Contralora Delegada Intersectorial No. 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR procederá a citar a versión libre a los presuntos responsables y decretará y practicará las pruebas a que haya lugar.

Apenas tres meses se llevó tomar esta decisión

La apertura de este proceso de responsabilidad fiscal se hizo de manera ágil y eficaz, dado que tan pronto la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción recibió el informe de la Actuación Especial de Control Excepcional, destinó un equipo de trabajo altamente calificado que, en el término de 3 meses, analizó el abundante material y profirió la decisión hoy conocida.

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