Ministra de Justicia instaló Comité de Seguimiento a los Delitos Electorales

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En las instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, y presidida por la titular de la cartera, Margarita Cabello Blanco, se llevó a cabo este miércoles la primera sesión del Comité de Seguimiento a los Delitos Electorales.

De dicho organismo hacen parte el Fiscal General de la Nación, la Ministra de Justicia y del Derecho, el Procurador General de la Nación o su delegado, el presidente de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo o su delegado, el Registrador Nacional del Estado Civil, el Director General de la Policía Nacional, tres integrantes de la Comisión Primera del Senado de la República y tres integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Como invitados en esta primera reunión estuvieron delegados de los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores y de Educación, el Consejo Nacional Electoral, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y consultores de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Cabe anotar que la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales fue creada por la Ley 1864 de 2017 y ordena a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación entregar un plan de acción frente a los delitos y actuaciones electorales.

“De esta Comisión hacemos parte todas las instituciones que de una u otra forma tenemos que ver con el tema electoral. Este es un organismo que seguirá funcionando permanentemente y no solo en épocas de elecciones, por lo que continuaremos asesorando y apoyando a la Comisión de Política Electoral con el fin de mejorar dicha política en el país”, afirmó Margarita Cabello Blanco, Ministra de Justicia y del Derecho.

En desarrollo del Comité, el Fiscal General de la Nación (e), Fabio Espitia Garzón, y el coronel Jorge Eduardo Esguerra Carrillo, gerente del Plan Democracia de la Policía Nacional, presentaron sus respectivos planes de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral.

“Vamos a seguir estos planes y después de las elecciones del 27 de octubre nos volveremos a reunir para evaluar dichos comicios y formular análisis y recomendaciones útiles para la política electoral de Colombia”, manifestó la Ministra, quien destacó también los resultados de la encuesta que sobre cultura electoral presentaron Henry Murrain, Isaac Beltrán y Pablo Léon, consultores del Programa de Gobernabilidad Regional de USAID.

“El estudio hace todo un análisis de cómo piensa el ciudadano en cada una de las regiones del país sobre las actuaciones electorales. Y sumado al de la Policía y al de la Fiscalía, está claro que ahora contamos con insumos suficientes para estar atentos y hacer seguimiento a los delitos electorales”, aseguró la titular de la cartera de Justicia.

Para los comicios del 27 de octubre estarán dispuestos 11.590 puestos de votación, en los que habrá 108.945 mesas. Y hay inscritos 117.822 candidatos para 18.639 cargos de gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles/comuneros.

De acuerdo con el título XIV del Código Penal, en Colombia son 16 los delitos electorales, que abarcan las etapas pre-electoral, electoral y post-electoral: perturbación de certamen democrático; constreñimiento al sufragante; fraude al sufragante; fraude en inscripción de cédulas; elección ilícita de candidatos; corrupción de sufragante; tráfico de votos; voto fraudulento; y favorecimiento del voto fraudulento.

También, mora en la entrega de documentos relacionados con una votación; alteración de resultados electorales; ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas; denegación de inscripción; financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas;  violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales; y omisión de información del aportante.

Estos delitos los pueden cometer candidatos, votantes y autoridades. Contemplan penas de entre cuatro y 12 años de prisión, multas de hasta 1.020 millones de pesos e inhabilidades para ejercer cargos públicos. Las penas pueden aumentar si los delitos son cometidos por un servidor público, si para la comisión de los mismos se utiliza la violencia o la presión o si se ofrecen beneficios en programas sociales del Gobierno.

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