Declaran al río Otún de Pereira sujeto de derechos

La Procuraduría advirtió que el río Otún abastece el 80% del departamento de Risaralda, que en su cuenca alta presenta deterioro y en la cuenca media hay proliferación de desarrollo urbanístico residencial.

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El afluente abastece el 80% del departamento de Risaralda, que en su cuenca alta presenta deterioro y en la cuenca media hay proliferación de desarrollo urbanístico residencial.

El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Pereira acogió los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación en la acción de tutela interpuesta por el estado de contaminación extrema que presenta el río Otún, y lo declaró sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. 

El Ministerio Público fue vinculado a la acción judicial presentada por los ciudadanos Jhon Edison Parra Sánchez y Jesús Alberto Cardona López contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el departamento de Risaralda, los municipios de Pereira y Dosquebradas, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, y la empresa de Aguas de Pereira, para que fueran amparados los derechos colectivos a un medio ambiente sano, al equilibrio ecológico y el acceso al agua potable.

En sus argumentos, la Procuraduría advirtió que el río Otún abastece el 80% del departamento de Risaralda, que en su cuenca alta presenta deterioro y en la cuenca media hay proliferación de desarrollo urbanístico residencial, industrial, comercial y agropecuario, que contrarían el Acuerdo Carder 036 de 1987, que prohibió nuevas construcciones, el otorgamiento de concesiones y permisos de vertimientos y le impuso a esa corporación la implementación de acciones interinstitucionales dirigidas a su cumplimiento.

De igual manera, advirtió que la Carder no ha ejercido las competencias que le han sido atribuidas por la ley y su propia reglamentación, permitiendo la amenaza y vulneración de los derechos colectivos y del ambiente, tal como se pudo probar en las mediciones hechas a la calidad del agua del río entre febrero de 2016 y julio de 2018 donde se evidenciaron diversos incumplimientos.

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