Bogotá, 13 jun (EFE).- El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, superó este jueves con holgura una moción de censura en el Congreso, donde se cuestionó la política de seguridad del Gobierno, especialmente por el riesgo de que reviva las ejecuciones extrajudiciales conocidas como "falsos positivos".
De 141 miembros de la Cámara de Representantes que asistieron a la sesión, solo 20 votaron a favor de la salida de Botero del cargo, entre ellos los promotores del debate, el partido Alianza Verde, y la bancada del movimiento FARC en el que se transformó la guerrilla tras la firma de la paz y de la que hace parte el recién posesionado Jesús Santrich.
A favor del ministro se posicionaron 121 legisladores, entre los que estaban los del partido de Gobierno, el Centro Democrático, y de otras fuerzas que no hacen parte de la coalición que apoya al presidente Iván Duque pero que respaldaron la gestión de Botero.
De esta forma, el titular de Defensa se convirtió en el segundo miembro del gabinete de Duque que supera una moción de censura después de la del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que en octubre pasado fue señalado de favorecerse con los denominados "bonos de agua" mediante los cuales los municipios recibían recursos para obras de agua y saneamiento.
En la sesión de hoy, que se llevó a cabo luego de un debate de más de seis horas que tuvo lugar el lunes anterior, algunos de los parlamentarios gritaron "Adelante ministro" en apoyo a Botero, mientras otros levantaron carteles con el mismo mensaje.
"Agradezco el apoyo de la mayoría de la Cámara de Colombia. El rechazo a la moción de censura es el reconocimiento del trabajo realizado por soldados y policías en beneficio de Colombia. Mantengo en firme el compromiso de trabajar por el país, sin distracción", indicó Botero al término de la votación.
En el debate del pasado 10 de junio la parlamentaria Juanita Goebertus, de Alianza Verde, sostuvo que se ha "perdido la confianza" en Botero debido a su actuación en el caso del asesinato del exguerrillero de las FARC Dimar Torres en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
El desmovilizado fue asesinado el 22 de abril de este año por el cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo, quien fue detenido.
Adicionalmente, al caso fue vinculado el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita, quien fue llamado a retiro.
En una primera versión del hecho Botero indicó que la muerte de Torres se produjo durante un forcejeo con el militar, pero posteriormente se aclaró que el caso fue un homicidio y el ministro lo calificó entonces de "lamentable y execrable".
Después de la votación de este jueves, Goebertus reconoció la derrota de la oposición pero insistió en que demostrarán que "en el pasado las políticas adoptadas por el ministro Botero generaron violaciones a los derechos humanos".
Asimismo, dijo que espera que la "alerta" generada haya contribuido "a salvar vidas y preservar la legitimidad y seguridad jurídica de las fuerzas".
En la Cámara de Representantes a Botero se le cuestionó también por su presunta responsabilidad en una nueva directriz del Ejército que exige a la tropa mejorar los resultados en las operaciones militares y que para muchos promueve la reencarnación de los "falsos positivos".
Las ejecuciones de civiles fueron cometidas por miembros de la fuerza pública, especialmente en la década pasada, para hacerlos pasar por guerrilleros caídos en combate y de esta forma obtener premios y permisos de sus superiores, entre otros beneficios.
Hasta el momento la Fiscalía ha investigado cerca de 5.000 casos de "falsos positivos", en los que están implicados unos 1.500 militares.
De estos, 2.200 hechos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.
La directriz fue revelada el pasado 18 de mayo por el diario estadounidense The New York Times, que dio la información tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales del Ejército.
La controversia por los "falsos positivos" alcanzó al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez Espinel, quien fue cuestionado por su posible relación con dichas ejecuciones.
Sin embargo, el pasado 5 de junio el Senado colombiano aprobó por amplia mayoría el ascenso a general de Nicacio y otros 12 militares y policías.
Precisamente, antes de asistir este jueves a la votación en el Congreso, Botero acompañó a Duque a la ceremonia de ascenso de miembros de la Policía Nacional.
Allí, el presidente sostuvo que le dio la instrucción al ministro de presentar en la cámara baja un proyecto de ley que reconozca a los 22 jóvenes asesinados el pasado 17 de enero por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander. EFE