El senador Patrick Leahy, salió en defensa del periodista Nicholas Casey y le solicitó al presidente Duque que le pida a la senadora María Fernanda Cabal presentar de manera inmediata las pruebas que tiene para sugerir que el periodista recibió dinero por el artículo publicado.
El Gobierno colombiano cuestionó el tratamiento que se le dio a la noticia sobre la polémica directiva de las Fuerzas Armadas. Según The New York Times, NYT, el documento abre la puerta para que regresen los “falsos positivos” porque se estaría presionando a los militares a dar resultados en términos numéricos.
Es por eso que en una carta dirigida al medio estadounidense, NYT, fechada el 19 de mayo, firmada por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, así como por el canciller, Carlos Holmes Trujillo, manifiesta que “el artículo de Nicholas Casey retrata una distorsionada, parcial y tendenciosa visión de los esfuerzos que el Estado colombiano y sus militares están haciendo para estabilizar los territorios y consolidar la seguridad y el orden".
En la carta se plantean inquietudes sobre las motivaciones de los militares que Casey citó en el artículo y quienes denunciaron la existencia de la directiva que ordena a los oficiales ponerse metas basadas en los resultados operacionales del año anterior.
"La conclusión de que a los militares se les dio instrucciones de matar, se llega entrevistando oficiales cuyos nombres no aparecen y documentos que son parcialmente citados y tomados fuera de contexto”, dice la comunicación del Gobierno colombiano. Además, se critica que Casey no haya incluido la versión entregada por el comandante de las Fuerzas Armadas.
Aunque el Gobierno de Colombia se limita a expresar críticas al tratamiento de la noticia, el senador Patrick Leahy, salió en defensa del periodista Nicholas Casey y le solicitó al presidente Duque que le pida a la senadora María Fernanda Cabal presentar de manera inmediata las pruebas que tiene para sugerir que el periodista recibió dinero por el artículo publicado.
Según el senador norteamericano, si no hay pruebas el Gobierno debe emitir una denuncia pública contra la parlamentaria colombiana.
"La libertad de prensa es vital en cualquier sociedad democrática y es responsabilidad de los oficiales del gobierno defenderla”, indicó Leahy.
