El Bienestar Familiar expresó su preocupación por la integridad de menores de edad que puedan estar expuestos a eventuales confrontaciones entre los manifestantes y la fuerza pública en esa zona.
Cerca de 11 unidades de atención del Bienestar Familiar han sido suspendidas por las actividades de protestas generadas por la minga Indígena.
El ICBF dio a conocer que el servicio de la Modalidad Familiar para atender a menores de edad, en el municipio de Caloto, Cauca, no ha podido prestar sus servicios en vista que según la institución la guardia indígena en el resguardo de Totoró impidió la entrada de agentes educativos a seis unidades mientras que en el Resguardo de Guambía "se anticipa la suspensión de los servicios de Modalidad Propia e Intercultural".
Así mismo, el ICBF afirmó que tiene listas cuatro Defensorías de Familia y una unidad móvil "para identificar y atender posibles casos de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de las manifestaciones".
El Bienestar Familiar expresó su preocupación por la integridad de menores de edad que puedan estar expuestos a eventuales confrontaciones entre los manifestantes y la fuerza pública en esa zona.
Cerca de 50 mil menores podrían verse afectados de continuar las protestas debido al desabastecimiento de alimentos y a la falta de trabajadores de ese instituto para atender a la primera infancia, aseguró esa institución.
El ICBF resaltó que "respeta la autonomía de los pueblos indígenas, reconoce que la Guardia Indígena es un colectivo compuesto por niños, mujeres y adultos y respalda el derecho a la protesta pacífica y, como Gobierno Nacional, promueve el diálogo pero sin acudir a las vías de hecho".
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió en esta semana que se detectó que se están usando menores de edad en medio de las vías de hecho y de los bloqueos en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.
Martínez recordó, al término de una reunión con el presidente Iván Duque, que esta situación se configura en una conducta que genera responsabilidades penales.
El fiscal general señaló que ese tipo de hechos criminales que atentan en contra de los menores, contemplan penas que llegan hasta los 20 años de prisión.