Mientras los defensores del Acuerdo de Paz instan a Iván Duque a garantizar el sistema de justicia transicional, su partido y el fiscal General de la Nación le piden objetar la norma que la reglamenta.
Por: Daniela A. García
Redacción EL INFORMADOR
Con información de EFE
En un dilema se encuentra el presidente de la República, Iván Duque, con relación a darle viabilidad o no a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Por un lado, los defensores de los Acuerdos de Paz le piden al mandatario que sancione la ley estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la JEP. Por el otro, Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación, le envío esta semana una misiva al jefe de Estado en la que manifestó su preocupación sobre la justicia transicional y le solicitó objetar el articulado.
Martínez recibió el respaldo del Centro Democrático, el partido del Presidente, y el rechazo de quienes defienden los Acuerdos de Paz, pues consideran que objetar la ley estatutaria atenta contra la independencia de los poderes legislativo y judicial, teniendo en cuenta que tanto el Congreso como la Corte Constitucional ya la estudiaron y avalaron.
Por el lado de la JEP
La propia Jurisdicción Especial para la Paz le pidió al presidente que sancione la ley estatutaria que reglamenta su funcionamiento.
"Teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho (...) es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley", manifiesta la JEP en un escueto comunicado.
Ese tribunal es el encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado del país y fue creado tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, ahora convertida en partido político.
La JEP asegura que la sanción de la ley beneficia a 9.691 desmovilizados de las Farc, 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado que hasta el momento se han sometido.
Por su parte, varios activistas de derechos humanos, víctimas del conflicto armado y ONG le pidieron al mandatario aprobar "sin dilaciones" la ley estatutaria.
Por el lado del fiscal
En su carta al Presidente, el fiscal General de la Nación dejó claros los porqués de sus preocupaciones, con respecto a la justicia transicional. En ella, por ejemplo, se refirió a los estatutos sobre los reinsertados que continúen en actividades de narcotráfico después de la firma del acuerdo.
De igual forma, se pronunció sobre la suspensión de las investigaciones a los actores del conflicto armado por parte de la Fiscalía y a la "impunidad" que tendrán los autores de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
Por ejemplo, el fiscal dice que "los reinsertados que continúen en el narcotráfico (...) podrán conservar beneficios de la JEP" y no serán investigados y juzgados por la justicia ordinaria.
Además, expresó su preocupación porque reincidir en delitos como secuestro, narcotráfico y homicidio no implica "pérdida de todos los beneficios del sistema de la JEP".
Martínez también afirmó que puede existir impunidad porque, si entra en vigencia la ley estatutaria, se podría "llegar a eximir" de toda responsabilidad penal a los autores de esos delitos "cuando no sean considerados máximos responsables".
Mientras tanto…
Mientras diferentes actores manifiestan su opinión al respecto, a favor o en contra, el Duque opta por la prudencia y guarda silencio, mientras la Ley Estatutaria de la JEP reposa sobre su escritorio pendiente de objeción o firma.
Dos visiones
“Impunidad. Desde el principio dijimos que -la JEP- es un tribunal para las Farc, diseñado por ellas”: Álvaro Uribe Vélez, senador y expresidente de la República.
“Solicitamos al presidente Iván Duque que firme la ley estatutaria de JEP (…) son imperativos los estatutos en honor a la verdad y la paz”: Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, presidente del partido Farc.