Procuraduría abrió investigación a dos exsuperintendentes de Salud en Chocó

La Procuraduría abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Gobernación del Chocó y la nueva ESE departamental, por presuntas irregularidades en el inicio de sus operaciones.

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En el caso de intervención a la ESE Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, el Ministerio Público investiga a tres interventores y a una agente liquidadora de la ESE.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a los exsuperintendentes de Salud Gustavo Morales Cobo (2012 – 2014) y Norman Julio Muñoz (2015 – 2017), por presuntas irregularidades en la intervención a la ESE Hospital San Francisco de Asís de Quibdó.

Así mismo se investiga a los superintendentes delegados para las Medidas Especiales Rutty Paola Ortiz Jara y Javier Antonio Villareal Villaquirán, y a la liquidadora de la ESE, Blanca Elvira Cortés Reyes.
De igual manera se abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Gobernación del Chocó y la nueva ESE departamental, por presuntas irregularidades en el inicio de sus operaciones.

Investigación a exsuperintendentes

Para el Ministerio Público durante la intervención realizada se incumplieron, aparentemente, las funciones de inspección, vigilancia y control sobre los ejes de financiación y de prestación de servicios de salud pública de la entidad hospitalaria.

Entre otras irregularidades, no se habría vigilado que la ESE actuara con eficiencia, eficacia y efectividad en la generación, administración y aplicación de los recursos del sector salud.
Tampoco se habría realizado vigilancia, presuntamente, para que la atención se prestara en condiciones de disponibilidad, accesibilidad y con los estándares de calidad exigidos.

Investigación a interventores

Así mismo, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria a Guillermo Alfonso García Peláez, Farid Alfonso Viera González y José Omar Niño Carreño, interventores de la ESE Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, en periodos diferentes, por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos de la entidad que ocasionaron un incremento injustificado de los pasivos por encima de los 32 mil millones de pesos.
Los entonces funcionarios actuaron como interventores de la ESE entre marzo de 2013 y julio de 2016, luego de que la Superintendencia Nacional de Salud identificara pasivos por más de 5 mil millones de pesos.