El Gobierno Nacional finalmente dio a conocer el borrador del decreto que busca facultar a la Policía Nacional para incautar la dosis mínima de droga en espacios públicos, como parte de la estrategia del presidente Iván Duque para atacar las bandas de microtráfico y proteger lugares de educación y recreación de los niños.
En el documento se explica que los uniformados tendrán la potestad de decomisar cualquier dosis de sustancias como marihuana y cocaína, además de hongos alucinógenos y todo tipo de estupefacientes.
La Ley 30 de 1986, denominada Estatuto Nacional de Estupefacientes, estipula que la dosis mínima para la marihuana son 20 gramos; para el hachís, cinco; cocaína o cualquiera de sus derivados, uno; de metacualona, dos.
Así mismo, en esta norma se aclara que una dosis terapéutica es la cantidad de droga que se le recetó a un paciente médico como parte de un tratamiento. Sobre sustancias sintéticas no se ha legislado, por lo que las autoridades pueden incautar cualquier cantidad que encuentren.
Para el teniente Alberto Valero, asesor jurídico de seguridad y convivencia de la Policía de Cali, la nueva normativa ayudará en la lucha contra las drogas al autorizar el decomiso de sustancias sin tener dudas por la cantidad portada.
Valero añade que actualmente un policía puede hacer control al consumo de drogas mediante la incautación y la destrucción de las sustancias gracias al artículo 140, numerales 7 y 8, de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía).
Sin embargo, “hay discordancia en la aplicación porque algunos consumidores vienen manifestando que lo que portan es dosis personal, por eso ahora el decreto del Presidente le otorga a la Policía facultades de decomiso sin importar que el ciudadano sea consumidor, adicto o que tenga aprovisionamiento de drogas para su supuesto consumo”, expresa el teniente Valero, quien es el responsable del Código de Policía en Cali.
La tesis de dosis de aprovisionamiento fue acuñada por la Corte Suprema de Justicia, que estableció este término para las personas que pueden exceder el porte de la cantidad mínima si comprueban que son adictos.
Sin embargo, el alto tribunal no estableció un tope para este aprovisionamiento, lo que ha dejado un vacío para que los ‘jíbaros’ circulen por las calles con dosis que superan la mínima sin poder ser detenidos.
Una de las preguntas que ha trascendido, luego del anuncio del nuevo decreto sobre el decomiso de cualquier dosis mínima, es quién tiene la última palabra sobre cuándo una persona consume droga por adicción y cuándo esta hace parte de redes de microtráfico.
“Los análisis probatorios de si es o no adicta la persona a la que se le encuentre la droga los tienen que hacer los inspectores (de Policía), esto para determinar si es viable o no devolver el elemento decomisado”, afirma el funcionario de la Policía Metropolitana.
Tras las polémica que desató el anuncio la semana pasada, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, ha aclarado que se trata de una medida administrativa que pretende sacar la droga de las calles y que no está enfocada en hacer detenciones indiscriminadas.
Además de tratarse de un adicto que haya sido diagnosticado, este tendrá la oportunidad de mostrar documentos que certifiquen su condición; o sus padres podrán comunicárselo a los uniformados para devolver el estupefaciente decomisado.
"UNA MEDIDA CONTRA EL MICROTRÁFICO"
Algunos analistas se preguntan si la normativa que prepara el Gobierno se ajusta a la Constitución, esto por una posible afectación al libre desarrollo de la personalidad que la Corte Constitucional amparó en 1994 al aprobar la dosis mínima. Un pronunciamiento que desde entonces ha dividido posturas en la opinión pública.
Para Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, la iniciativa del Gobierno es apropiada para enfrentar esta problemática y no afecta los derechos individuales.
“Creo que es un decreto bien intencionado. Lo que busca no es reversar la permisión de la dosis mínima que garantizó la Corte Constitucional, so pretexto del libre desarrollo de la personalidad, y la jurisprudencia de la Sala Penal de ese tribunal que considera que el consumo no debe penalizarse. Aquí lo que se pretende es combatir el microtráfico, porque este país se volvió consumidor y algunos se valen de que la dosis mínima está despenalizada para ir a las universidades, los colegios y los parques y quedar impunes en la comercialización de estupefacientes”, opina el jurista.
Así mismo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, respalda el decreto porque se ha evidenciado que la dosis mínima no solo ha sido utilizada para el comercio de estupefacientes, sino para buscar nuevos adictos.
“Es como un ‘parapeto’ de los expendedores que en muchas ocasiones cargan pequeñas cantidades para regalárselas a nuestros jóvenes, a nuestros niños, para que consuman y caigan en la dependencia. Realmente nuestra población se está viendo muy afectada, por eso nuestro principal problema es el microtráfico y yo creo que nosotros debemos estar de acuerdo con esta medida”, dice la mandataria.
En un sentido similar se pronunció el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona, quien cree que “legalizar la dosis mínima terminó generando que los parques, plazoletas y vías públicas se convirtieran en lugares de consumo. Creo que el país está cansado y agotado con este tema, porque cómo pretendemos que nuestros hijos no caigan en el terreno de las drogas si el país les está diciendo que ese es el libre desarrollo de la personalidad, como si fuera lo mismo que ser artista o artesano”.
El general (r.) Luis Ernesto Gilibert, exdirector de la Policía Nacional, es otro de los que celebra la medida porque facilita la acción de las autoridades, al menos, en lo que tiene que ver con la reducción de la presencia de drogas en las calles.
“Le hacen un gran favor a la Policía levantando el tema de la dosis mínima, porque así le facilitan el trabajo. El policía no puede ponerse a negociar con el enfermo qué cantidad es la que lleva en el bolsillo. Además, la mayoría de los ‘jíbaros’ se amparan en este tema para estar comercializando droga a lo largo y ancho de las ciudades. Con el cuentico de que “es mi dosis mínima” están moviendo todo el día droga de un lugar a otro. Estamos inundados de microtráfico en todas las ciudades”.
Además, el general Gilibert solicitó al Gobierno aplicar nuevas ideas para combatir el ‘narcomenudeo’. “Todas las herramientas que le dan a la Policía para luchar contra el narcotráfico son válidas, necesarias y urgentes. No podemos permitir que la calle esté llena de estupefacientes y se permita su comercialización bajo la dosis mínima”.
OPINA ARMITAGE
Maurice Armitage, alcalde de Cali, consideró la medida como útil para combatir el microtráfico en la ciudad, en donde diferentes bandas se disputan este negocio criminal en detrimento de la seguridad ciudadana.
"Creo que la dosis mínima en Colombia es hora de quitarla porque la verdad es que el microtráfico y el narcotráfico, el uso de todas esas sustancias, ha tomado mucha fuerza en la juventud. Yo diría que mientras no tengamos la capacidad de control de las drogas, la dosis mínima hay que prohibirla”, dice Armitage.
