La decisión la tomó la jueza 40 de control de garantías de Bogotá en una audiencia que se extendió por más de nueve horas.
La justicia está herida. Con estas palabras, la jueza 40 de control de garantías de Bogotá comenzó su intervención en la audiencia que terminó por resolver que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Javier Ricaurte, deberá permanecer en la cárcel La Picota mientras se investiga sus vínculos con la red de corrupción que llegó hasta el alto tribunal. Se trata del primer magistrado de una alta corte en ser enviado a prisión en la historia del país.
La decisión se tomó luego de más de nueve horas de audiencia en donde la jueza, hacia las 2:30 de la madrugada de hoy viernes, 22 de septiembre, encontró que había motivos suficientes para enviar al expresidente de la Corte Suprema de Justicia a la cárcel mientras se investiga su relación con la red de corrupción en el alto tribunal que ha producido la crisis más grave que haya tenido que atravesar la justicia en Colombia.
“Este tipo de conductas está afectando el Estado Social de Derecho. Que esta toga que se porta el día de hoy también se porte con tristeza”, señaló la jueza. Durante la audiencia en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, tanto la Fiscalía como la defensa del abogado, tuvieron su turno para hablar. Por su parte, el ente investigador aseguró que los exmagistrados Ricaurte y José Leonidas Bustos promovieron y dirigieron una organización criminal en la que, a cambio de dinero, intervinieron en decisiones judiciales de expedientes en el alto tribunal.
El ente investigador dijo, además, que a la red de corrupción integraronal exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, al abogado Leonardo Pinilla y a Gustavo Malo (magistrado actual de la Corte). “La manera de manejar los procesos incluía estrategias como manipular información privilegiada. Manipulaban testigos para cambiar versiones; instrumentalizaban a los medios de comunicación para restar credibilidad a los testigos que mantenían sus versiones; desaparecían evidencias, y obtenían decisiones con apariencia de legalidad que favorecieran a sus clientes con la intervención de funcionarios del más alto nivel”, detalló descarnadamente el fiscal el caso.
Y si esas estrategias no funcionaban, añadió la Fiscalía, la solución entonces era dilatar los procesos. Durante la audiencia, el organismo investigador detalló que la red que manejaban los exmagistrados Ricaurte y Bustos lograron incidir en por lo menos cinco expedientes en los que estaban involucrados exgobernadores, como Juan Carlos Abadía, senadores como Álvaro Ashton y Musa Besaile, y excongresistas, como Julio Manzur.
Ricaurte rechazó todos los señalamientos que hizo la Fiscalía. "No acepto los falsos cargos provenientes de reconocidos testigos criminales", expresó el exmagistrado. Para la defensa del hoy cuestionado abogado, la Fiscalía “falló en su deber de investigar y solo tiene los testimonios de unos testigos controvertibles”. La defensa del expresidente de la Corte apeló la medida de aseguramiento que ordenó la juez.
"Frente a esa alta corporación intachable e intocable, se estén exponiendo actos de corrupción donde se indica que la justicia se vende al mejor postor. Dolor de patria. Porque esta toga debemos portarla con orgullo. Nos exige y nos recuerda que la justicia es un valor supremo consagrado en nuestra Constitución. Que estamos llamados a buscar la pacífica convivencia que desde la Constitución se ha señalado. De ahí la responsabilidad de quienes estamos en estos estrados judiciales. La justicia es ciega pero no se debe vender, no se debe exponer. Es triste ver qué la justicia se venda por $2.000 millones", confesó la jueza.
