Luego de que el Congreso de la República aprobara la distribución del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2017, el sector eléctrico alertó por un fuerte impacto tanto para los consumidores o para las empresas que distribuyen la energía eléctrica, producto de un multimillonario faltante en el aporte que debe realizar el Gobierno para los subsidios.
Durante la edición 22 del Congreso del Mercado de Energía Mayorista (MEM), las empresas de distribución señalaron que dicho hueco asciende a los 1,2 billones de pesos, suma que incluye el déficit de 400.000 millones de pesos con el que cerrará el 2016 y 800.000 millones de pesos que no se cubrieron en las partidas para el próximo año en el PGN.
El presidente de Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, explicó que para el 2017 los subsidios que las empresas les darán a los usuarios sumarán unos 2,8 billones de pesos, monto que se cubre con dos fuentes: las contribuciones de los estratos 5 y 6 más las del sector comercial, que sumarán unos 1,2 billones de pesos, y las partidas que destina el Gobierno, que para el 2017 quedaron en 800.000 millones de pesos. Es decir, que el descuadre para el año que viene es de 800.000 millones de pesos y a este valor se le suman los 400.000 millones de pesos de saldo rojo que no está cubierto para el cierre del 2016, dando como resultado los 1,2 billones de pesos mencionados.
Alzas o crisis
Según el directivo, este faltante de recursos deja a las empresas ante un escenario de “crisis total”, pero también a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 ante un escenario de incremento de tarifas, pues las distribuidoras no tienen ninguna obligación de asumir estas ayudas, pues son apenas un intermediario del esquema de subsidios y contribuciones.“El tema es terrible. Los aumentos podrían ser del 55 por ciento en los estratos 1, y 35 por ciento en el estrato 2, con todo lo acumulado de los 1,2 billones de pesos”, indica el presidente de Asocodis.
Y si las empresas no resisten una situación de este tipo, mucho menos Electricaribe, que, al atender los 7 departamentos de la Costa Atlántica, tiene una participación del 42 por ciento en la torta total de los subsidios. “Es un riesgo sistémico para todo el sector”, agrega el directivo.
Dicho riesgo se puede materializar en que si las empresas aumentan las tarifas podrían afrontar problemas de recuperación de cartera y se incrementarían las pérdidas de energía por fraudes.
Pero por el otro lado, si asumen de su bolsillo los subsidios, obligación que es del Gobierno, no tendrían los recursos para pagar la energía que compran a los generadores, y afrontarían posibles procesos de limitación de suministro, como le está ocurriendo a Electricaribe. Aún es incierto si con la reforma tributaria aprobada el monto de los recursos estaría cubierto y si habría alguna adición presupuestal, que en todo caso llegaría tarde afectando la finanzas de las empresas. Por lo pronto, el déficit por subsidios que no se cubren con las partidas oficiales es de 130.000 millones de pesos mensuales (septiembre cerró en 150.000 millones de pesos), de los cuales la Compañía Energética de Occidente (CEO) y Empresas Públicas de Medellín (EPM) tienen una cuota individual cercana al 10 por ciento.
