Son personas sindicadas de delitos comunes a quienes no se les ha resuelto su situación jurídica.
El ministro de Justicia, Jorge Londoño, advirtió que el Estado enfrenta demandas de personas que han permanecido largamente detenidas sin que se les resuelva su situación jurídica y que podrían costarle al fisco del país alrededor de 25 billones de pesos.
Londoño manifestó que lo más relevante e importante sobre el tema en este momento es la Ley 1760, es bien intencionada pero no diferencia entre delitos especiales y delitos ordinarios.
“Lo que estamos haciendo con esta Ley que esperamos que sea aprobado por el Congreso es aplazar la entrada en vigencia para los delitos especiales por un año más, es decir que los delitos de genocidio, de desaparición forzada, de terrorismo, de concierto para delinquir agravado y de homicidio agravado, tengan un año más para que se pueda aplicar esta ley”, reiteró Londoño.
El titular de la cartera de Justicia, dijo que el 6 y 7 de julio de 2016, saldrán de las cárceles alrededor 10.811 sindicados porque este es un tema de mandatos internacionales y de cumplimiento de la Constitución expresa e insiste que la libertad de las personas es un derecho fundamental y su detención debe ser excepcional.
Señaló, que se calcula que las pretensiones por demandas del estado por privación no legal de la libertad suben a casi $25 billones.
Jorge Londoño ministro de Justicia expresó que lo que tiene que por el hacinamiento en las cárceles, desde los últimos 15 o 20 años la infraestructura carcelaria ha aumentos en el 120 por ciento y los detenidos se han incrementado en el 340 por ciento, la que indica que la construcción de más centros carcelarios no es la solución definitiva y sí acabaría el presupuesto nacional.
