El organismo considera que el gobierno de Nicolás Maduro debe atender obligaciones internacionales al momento de ordenar deportaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington expresó su "profunda preocupación ante las deportaciones arbitrarias y colectivas de migrantes colombianos en situación migratoria irregular que vienen siendo realizadas por las autoridades venezolanas en el estado fronterizo de Táchira, Venezuela".
Según este organismo del Sistema Interamericano que se encarga de proteger los derechos humanos para los ciudadanos del hemisferio, el gobierno de Nicolás Maduro debería adoptar "todas las medidas que sean necesarias para garantizar que no se apliquen perfiles raciales en el marco de redadas migratorias". Entre los derechos de las personas migrantes que deben de ser respetados en la ley internacional, recuerda la CIDH, está: el derecho a ser escuchado por la autoridad competente, contar con representación legal, protección consular desde el momento de su detención, recibir notificación de la decisión que ordena su deportación, acceder a un recurso efectivo para impugnar la decisión de deportación, impugnar la decisión de deportación, el derecho a que los recursos interpuestos tengan efectos suspensivos sobre la decisión de deportación.
Este pronunciamiento llega después de que el presidente Nicolás Maduro decretara estado de excepción en varios municipios de Táchira, así como el cierre de la frontera, por un período de 60 días desde el 22 de agosto de 2015.
Dicho decreto, según Maduro, habría sido adoptado en respuesta a un enfrentamiento ocurrido el 19 de agosto de 2015 entre miembros del Ejército venezolano y presuntos contrabandistas o paramilitares colombianos que operan en la frontera entre Venezuela y Colombia.
El comunicado de la CIDH, emitido en la tarde de este viernes, recoge las cifras más recientes sobre el número de afectados en la frontera. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), desde el 22 de agosto, por lo menos, 1,088 migrantes colombianos, incluyendo 244 niños, niñas y adolescentes, habrían sido deportados desde Venezuela. Según la Cruz Roja Colombiana, 4,260 personas adicionales habrían retornado de forma espontánea a Colombia tras la declaratoria del estado de excepción y el cierre de la frontera.
Atención humanitaria, prioridad del Gobierno con deportados
El presidente Juan Manuel Santos al término de un Consejo Extraordinario de Ministros, ordenó la creación de una Junta Directiva que se encargará de hacer frente a la crisis que se registra con Venezuela, en 2 frentes específicos, desde el punto de vista humanitario y desde el impacto económico que tiene la situación.
Estará integrada por la canciller colombiana, María Ángela Holguín; los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo y de Hacienda, Mauricio Cárdenas; así como la directora del Departamento Para la Prosperidad Social, que permitirá monitorear la situación y tomar las acciones que se requieran para atender la emergencia humanitaria.
Desde el punto de vista humanitaria se va a garantizar "que tengan albergue, que no les falte comida, que puedan vivir en lugar mientras definen su situación, para que tengan todos los niños colegios gratis en cualquier sitio, sea en Cúcuta o donde se vayan a ubicar, cuidados de salud y oportunidades para rehacer sus vidas".
Desde el otro frente se estableció en la Gobernación de Norte de Santander una mesa de apoyo económico y social, para atender oferta institucional.
